El impuesto a los ricos o a las grandes fortunas que Pablo Iglesias quiere imponer en la agenda del Gobierno progresista de Pedro Sánchez, aprovechando la era coronavirus, nace con mal pie. Al menos, a tenor de la opinión de expertos economistas consultados por este diario, recalcando que "las cuentas del Gran Capitán" que estiman una recaudación de 11.000 millones de euros al año, actuando sobre los mil patrimonios más altos, es absolutamente irreal. De hecho -señalan estos-, solo en el mejor de los escenarios recaudaría el 18% de lo que dice la formación morada. Es decir, 2.500 millones de euros, y no 11.000 millones como el equipo económico de Podemos pronostica.
Además, mantienen los economistas, la recaudación de 2.500 millones "es de lo más optimista", pues para eso se tienen que dar dos condiciones: que el impuesto derogue al actual tributo de Patrimonio, y, que las CCAA no denuncien que les quitan una competencia que es autonómica.
De raíz, el impuesto a las grandes fortunas nace también con enormes confusiones. Mientras que Unidas Podemos quiere que sea un nuevo tributo -que grave un 2% más a los que tienen más de un millón de euros, y hasta 3,5% más a los que superan patrimonios de 100 millones de euros-, el PSOE se plantea utilizar figuras existentes para caminar hacia una justicia progresiva. Y para ello -apuntan fuentes de Hacienda-, podrían servir el mínimo del 15% del impuesto de Sociedades para grandes corporaciones, la tasa Tobin y la tasa Google. Pero de impuesto específico no hablan.
Cambios de sede fiscal
En efecto, una de las primeras consecuencias que preconizan y detectan por experiencia el panel de expertos es el cambio de sede fiscal de las grandes sociedades y, la consiguiente pérdida de atractivo de las inversiones extranjeras.
Para Alejandro del Campo, fiscalista y socio de DMS Consulting, este impuesto no es más que un impuesto encubierto de Patrimonio, que provoca que se fije la residencia fiscal en otro país, y que otros ricos que se fijarían en España no lo hagan y elijan Portugal.
Para Esaú Alarcón, fiscalista y socio de Gibernau y asesores, éste no es un impuesto a los ricos, sino un aumento exorbitante del impuesto sobre el Patrimonio. "Lo que hay que ver es cómo lo implementan, porque las comunidades autónomas tienen competencias para establecer bonificaciones, como hace Madrid al 100%. Por lo tanto, o negocian con las CCAA o solo tendrá efectos en aquellas que sí tienen este impuesto", dice.
Entre tanto, Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis Gestión, defiende que "no tiene ningún sentido introducir diferencias tributarias en el tamaño". Y sobre el detalle del impuesto, añade que muchas empresas van a mover su sede fiscal a otro país, como ya hacen la mayoría de compañías que cotizan en el Ibex 35.
Por otra parte, José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, subraya que subir impuestos es una equivocación en cualquier momento, porque hay que incentivar la actividad y el empleo, y las subidas de impuestos terminan dañando al sistema productivo y haciendo caer la recaudación.
Por contra, Nazario Mendoza, socio fiscal de Écija, sostiene que este impuesto "facilita un control mayor en la lucha contra el fraude fiscal, para lo que ya se han ido creando diferentes herramientas en los últimos años".