El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tardado tres días en responder al Tribunal Constitucional de Alemania tras su sentencia sobre la legalidad del programa de compras de deuda por el BCE. En ella, los jueces alemanes dictaminaron que el TJUE se había excedido en sus competencias y que el Constitucional alemán estaba en su obligación de revisar toda la actuación de instituciones de la Unión Europea, incluido el tribunal de Luxemburgo. Pero el TJUE hoy le ha recordado que "es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión".
"Con el fin de garantizar una aplicación uniforme del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia, creado a tal fin por los Estados miembros, es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión", reza el texto publicado por el Tribunal con sede en Luxemburgo.
El tribunal europeo, además, recalca en su mensaje que existe jurisprudencia que avala que una sentencia dictada con carácter prejudicial por el propio TJUE "vincula al juez nacional para la resolución del litigio principal".
"Al igual que otras autoridades de los Estados miembro, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a garantizar el pleno efecto del Derecho de la Unión", continúa el comunicado del TUE, que concluye advirtiendo de que "sólo así puede garantizarse la igualdad de los Estados miembros en la Unión creada por ellos".
Preguntado por este comunicado, el portavoz jefe de la Comisión Europea, Eric Mamer, ha recordado que Bruselas está llevando a cabo un "análisis detallado" del pronunciamiento del tribunal alemán, pero que considera que la posición expresada este viernes por el TJUE "deja las cosas más claras".
El mensaje del TJUE sobre su competencia exclusiva y la primacía del Derecho de la UE "se corresponde" con lo dicho por el Ejecutivo comunitario en los últimos días respecto a que el derecho europeo prevalece sobre el de los Estados miembro, ha completado Mamer.
Toda una declaración de guerra de Alemania al TJUE
El fallo del TC alemán sorprendió a todo el mundo e hizo temblar los cimientos de Bruselas. Lo más previsible era que los magistrados alemanes se hubiesen ajustado a la sentencia de diciembre del 2018 sobre el caso. En cambio lanzó el ataque más duro que ha sufrido el TJUE en sus 68 años de historia.
El Constitucional alemán dice que el BCE con su programa PSPP sobrepasó sus competencias, por mucho que el TJUE "opinara lo contrario". Y va más allá. Considera que es su obligación revisar toda la actuación de instituciones de la Unión Europea, incluido el tribunal de Luxemburgo, por lo que el Constitucional se sitúa un peldaño por encima del TJUE. Toda una declaración de guerra. Algo que no se han atrevido a realizar ni los tribunales de los países más díscolos, como Polonia o Hungría.
La reacción del propio BCE tampoco se hizo esperar. Ayer la presidenta del banco, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos, fueron contundentes para defender a la entidad financiera del ataque alemán.
Ahora se abre un escenario de enfrentamiento institucional por el pulso abierto por el TC. Queda la duda si el BCE se plegará a las exigencias de la corte alemana de explicar y justificar sus compras de deuda. Hay de plazo hasta el mes de agosto. Pero también si la Comisión Europea moverá ficha contra los magistrados alemanes.
Existe la posibilidad, de que el Ejecutivo comunitario denuncie a Alemania en base al incumplimiento del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el que faculta a la Comisión Comisión de denunciar a un Estado miembro por incumplimiento de los Tratados, emitiendo "un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones".
Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al TJUE. También el resto de Estados pueden recurrir al alto tribunal. Este camino, a falta de una salida diplomática, desembocaría en una larga batalla legal, un proceso que ya han seguido Polonia y Hungría.
