El Consejo de Ministros aprobó solicitar este miércoles al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, porque es "imprescindible y necesaria para los responsables sanitarios".
Salvador Illa sostuvo que "no hay alternativa posible porque hay que limitar la movilidad". Pero no solo tendría, en opinión del Gobierno, un efecto desastroso en la lucha contra la pandemia; también para los cuatro millones de trabajadores y su medio millón de empresas sometidos a un Erte.
Por su parte, María Jesús Montero insistió en que "si decae el estado de alarma, decaen ciertos instrumentos económicos como los Ertes de fuerza mayor".
La única forma de evitarlo es, según los juristas laborales, que el Gobierno apruebe un nuevo Real Decreto-Ley.
Una realidad que reafirman juristas de derecho laboral consultados por elEconomista. Fernando Moreno, de Arinsa, aclara que la arquitectura legal de los Erte está ligada a la existencia del estado de alarma, por lo que si el Gobierno no consiguiese el apoyo al estado de alarma supondría la anulación automática del medio millón de expedientes basado en la fuerza mayor. La única forma de evitarlo es, según los juristas laborales, que el Gobierno apruebe un nuevo Real Decreto-Ley que permita la continuidad de los Ertes.
Otras fuentes jurídicas refrendan la tesis y consideran que es necesario que se apruebe un nuevo Real Decreto-Ley que desvincule los actuales Ertes del estado de alarma, lo que exige un Consejo de Ministros. Por este motivo, una de las mayores noticias de la reunión del Gobierno del martes es que no se aprobó la norma, que se negocia actualmente con los agentes sociales, que establezca cómo serán los Ertes durante el periodo de desescalada y, muy especialmente, cuando no haya estado de alarma.
Tercer tramo del ICO
Por otro lado, el Gobierno liberó el tercer tramo de la línea de avales del ICO por valor de 20.000 millones de euros. Como novedad, los bancos no podrán cargar ningún coste financiero sobre importes no dispuestos por el cliente, tras las quejas de algunas empresas y autónomos. Además, aprueba otros 4.000 millones para créditos canalizados a través de pagarés del mercado alternativo de renta fija (Marf) y 500 millones más vinculados a las sociedades de garantía recíproca por la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).
La vicepresidenta Nadia Calviño aclaró que las empresas con sede en paraísos fiscales no pueden optar a los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobados para dar liquidez a las empresas durante la crisis del Covid-19.
Ley Concursal
Igualmente, el Gabinete dio luz verde al texto refundido de la Ley Consursal para adaptar la legislación al acervo comunitario, y adopta medidas en el ámbito educativo. Entre ellas, estudiar con las comunidades autónomas rebajar el ratio de alumnos a 15 por clase para el próximo curso escolar y la derogación del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación universitaria que introdujo en 2012 el Gobierno Rajoy y que, según el actual Ejecutivo, provocó un aumento del precio medio del crédito universitario de un 17%.
Ayuda de 76 millones a la cultura
El Consejo de Ministros aprobó también un RDL con medidas especificas para el sector de la cultura por valor de 76 millones de euros. Incluye la financiación de las empresas culturales, así como medidas fiscales y una prestación extraordinaria por desempleo para empleados en espectáculos que por sus características no tienen acceso a Erte.
También cambian los requisitos para las películas que optan a ayudas, que podrán estrenarse en plataformas, o el incremento del porcentaje de derechos de autor para la acción asistencial, entre otros.
