En una era de creciente desigualdad económica y de elevado riesgo para el futuro del trabajo, algunas propuestas como la renta básica universal (RBU) o el ingreso mínimo vital (IMV) han ido ganando relevancia como posibles paliativos ante la transformación que están sufriendo las economías, que puede verse acelerada por la crisis del coronavirus, dejando a miles de personas fuera del mercado laboral. Sin embargo, aunque resulta habitual meter en el mismo saco ambos conceptos, la renta básica y el ingreso mínimo son prestaciones completamente diferentes. Sin ir más lejos, la primera no se aplica de forma estricta en ningún país del mundo, mientras que la segunda es una prestación muy extendida en los países desarrollados y, sobre todo, en Europa, donde el Estado de Bienestar es más poderoso que en otras regiones avanzadas.
Por un lado, el ingreso mínimo vital es una prestación con unos parámetros muy claros, que suele ir dirigida a colectivos sociales muy desfavorecidos, con bajos ingresos y que suelen formar parte de la población activa (buscando trabajo) si están en condiciones para ello. Por ejemplo, el IMV en el que está trabajando el Gobierno de España se entregará bajo unos requisitos que ha de cumplir el beneficiario durante el periodo que esté recibiendo la prestación. Entre ellos destaca la necesidad de buscar trabajo y estar en disposición de incorporarse al mercado laboral, tener unos ingresos muy bajos, a la par que se evaluará el patrimonio del individuo para decidir si puede acceder a esta prestación. De lo contrario, estos beneficiarios saldrían del programa de ingreso mínimo vital.
Llegará en mayo a España
El ingreso mínimo pretende crear una especie de red o suelo para todas aquellas personas que carecen de los ingresos suficientes para mantener un nivel de vida digno. Esta propuesta llegará al Consejo de Ministros en mayo después de cotejar datos entre CCAA y la Administración Central para evaluar cómo coordinar esta prestación que ahora es competencia de las autonomías.
Por el contrario, la RBU es un programa en el que se hace una transferencia directa de dinero, de forma incondicional (se trabaje o no, te dediques a buscar empleo o a pasear por la playa), y es para toda la población, según la define el Banco Mundial en un libro publicado recientemente dedicado al estudio de la renta básica universal. De este modo, la renta básica universal llega a todos los ciudadanos en forma de 'derecho', sin que éstos tengan que cumplir ningún requisito. Esto a veces genera ciertas dudas entre los teóricos: ¿debería recibirla un asesino que ha cumplido su condena? O ¿a qué edad se debe adquirir el derecho para recibirla?
Por otro lado, la renta básica sería mucho más cara de financiar, puesto que cubre a toda la población de forma incondicional. La mayor parte de las ocasiones en las que se ha puesto a prueba un programa así, la idea final era sustituir todas las prestaciones existentes por una renta básica universal, lo que reduciría los costes administrativos de gestionar decenas de prestaciones. Sin embargo, se podría quedar corta (en términos monetarios) para las personas que más lo necesitan, mientras que sería redundante para los ciudadanos con mayores ingresos, que también la percibirían. Estas son algunas de las críticas a la RBU.
El ingreso mínimo y su extensión
El IMV está muy extendido, mientras que con la RBU solo se han realizado pruebas con poco éxito. En uno de los últimos trabajos publicados por Eurostat sobre el IMV se explicaba que en los 35 países analizados existía algún tipo de ingreso mínimo vital, solamente "en Bulgaria los programas son muy limitados, parciales o poco sistemáticos, estando restringidos a categorías limitadas de personas y no cubren a muchos de los que necesitan apoyo", destacaba el informe.
En la mayoría de los países, los pagos se realizan sobre una base de criterios estrictos establecidos en la legislación. Sin embargo, en algunos países hay elementos discrecionales sustanciales. Por ejemplo, en Lituania, las autoridades locales pueden tomar decisiones sobre un solicitante individual sin necesidad de la legislación. Por ejemplo, el informe de Eurostat destacaba que "en la mayoría de las regiones de España, la falta de precisión en la definición de los mecanismos para materializar los derechos y obligaciones de los beneficiarios potenciales de los esquemas del IMV, así como en las razones que se supone que regulan la suspensión o exclusión de una persona de estos programas, parece dejar un amplio margen para la discreción burocrática y la toma de decisiones subjetiva". La propuesta del Gobierno pretende equiparar estas condiciones y que el marco sea igual para todos.
Dado que cada país tiene unos estándares de vida diferentes y con unos costes distintos, resulta más ajustado a la realidad saber qué porcentaje de la renta disponible media del país alcanza el ingreso mínimo vital. No es lo mismo una prestación de 300 euros en Portugal que en Dinamarca. Según los datos de la OCDE de 2019, Japón es el país que mayor cobertura ofrece con un IMV que representa el 65% de la renta disponible media del país, seguido de Irlanda (1.450 euros al mes) con una cobertura del 64% y Holanda del 60% (1.400 euros mensuales). Estos datos pertenecen a una persona que vive sola y sin hijos. En la mayor parte de los países las prestaciones aumentan con las personas dependientes a cargo.
En Francia, la prestación alcanza los 767 euros, un 40% de la renta disponible, y en Alemania (886 euros) un 46%. En Reino Unido son 886 libras mensuales o lo que es lo mismo, el 54% de la renta media disponible. En el caso de Portugal, la prestación no llega a los 300 euros y solo alcanza el 22% de la renta disponible per capita. En España, el IMV se sitúa en el 30% de la renta disponible media del país y promedia unos 400 euros al mes con datos de 2019. En España son las comunidades autónomas las que tienen ahora mismo esta competencia, lo que deja un mosaico de prestaciones que va desde los más de 700 euros mensuales en el País Vasco o Navarra, hasta los escasos 300 euros de Murcia. A la cola en Europa aparecen Bulgaria, Rumanía y Hungría, donde el IMV apenas ofrece una cobertura que iguala el 15% de la renta disponible media del país.
Frente al vasto elenco de países que tienen algún sistema de IMV, actualmente, ninguna nación tiene una renta básica universal, aunque ha habido (y todavía hay) varios programas piloto a pequeña escala y algunas experiencias a mayor escala. "Solo dos países, Mongolia y la República Islámica del Irán, tuvieron una RBU nacional en funcionamiento durante un corto período de tiempo. Las experiencias en regiones, como en Alaska, proporcionan información valiosa, pero están limitadas en una o más características", explican los autores del libro publicado por el Banco Mundial.
No obstante, la creciente desigualdad de ingresos en los países desarrollados y la precariedad laboral están dando cada vez un mayor protagonismo a la RBU, que podría ser un complemento para los empleados con trabajos más precarios, y un 'salvavidas' para las personas que han quedado expulsadas del mercado laboral (por la tecnología, globalización...) y tienen escaso espacio para reciclar sus habilidades laborales.
