El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto la lupa sobre los cientos de miles de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) a los que se han visto forzadas las empresas por la crisis del coronavirus Covid-19. Trabajo vigila ya que las compañías cumplan las condiciones exigidas para acceder al mecanismo y endurece las sanciones para los ERTE fraudulentos.
El Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que es una infracción muy grave "efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones".
Además, también considera muy grave la "connivencia con los trabajadores o con las demás personas beneficiarias para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones".
Las sanciones muy graves suponen multas de hasta 187.515 euros. En su grado mínimo, varían de 6.251 a 25.000 euros. En su grado medio, se imponen de 25.001 a 100.005 euros. En su grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros.
Refuerza la Inspección
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reforzará el papel de la Inspección. Díaz asegura que el Ministerio revisará la documentación aportada por las empresas para evitar posibles fraudes y verificar que, efectivamente, sean por "fuerza mayor".
Además, desde el gabinete de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconocen que la Inspección vigilará el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias con revisiones en las empresas que retoman su actividad estos días.
