Muchos frentes abiertos, pocas soluciones ofrecidas, echando balones fuera y con el foco mal puesto. Este podría ser el resumen de la intervención de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante su comparecencia, ayer, en la Comisión del Trabajo del Congreso de los Diputados, a la que acudió a dar parte sobre las últimas actuaciones de su Ministerio, y donde explicó que su cartera redoblará el esfuerzo en inspecciones de trabajo una vez superada la actual situación de emergencia.
Parapetada tras un montón de datos negativos que la titular de Trabajo vendió con optimismo, trató de justificar que desde su cartera han hecho el mejor trabajo posible teniendo en cuenta las herramientas con las que contaban.
Comenzó Díaz anunciando que el paro registrado ha subido en 484.678 personas desde el pasado 12 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma.
Sin embargo, pese a la preocupación de los españoles sobre si van a conservar su empleo, y a petición de los portavoces de Bildu y Unidas Podemos, entre otras formaciones, la ministra defendió la necesidad de reforzar la inspección de trabajo. "En cuanto la pandemia lo permita, vamos a retomar la negociación con la inspección", aseguró, recordando que se había interrumpido por el estallido de la pandemia del COVID-19.
Por otro lado, Díaz insistió en poner el foco en la precariedad, más que en la propia destrucción de empleo, con fases de su discurso que parecían sacadas del que ofreció en su investidura hace unos meses. Díaz defendió que la precariedad y "las debilidades" de la "estructura productiva" son "las razones que están detrás de la respuesta casi automática de muchas empresas, que acuden a la rescisión de los contratos temporales ante cualquier incertidumbre".
Un "comportamiento indeseado" que, ha apostillado, considera que es posible por una regulación sometida a reformas "que van en la dirección equivocada" -en referencia a la llevada a cabo por el PP- pues considera que con ellas "se ha olvidado la centralidad del trabajo en los proyectos empresariales y la necesaria estabilidad", a cambio de "un modelo cortoplacista que prefiere la temporalidad, la parcialidad y la precariedad, y que debilita los derechos laborales y los vínculos contractuales entre empresas y trabajadores".
Casi 4 millones de parados
La cifra de parados en España se eleva a 3,7 millones de personas, según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El impacto, sin embargo, se ha hecho notar con más fuerza en los sectores de la construcción y la agricultura. Además, el 34% del empleo destruido afecta a menores de 30 años. "Cuanto más joven eres, más posibilidades tienes de perder el empleo", advirtió. "Esto es, sencillamente, inaceptable. En ningún caso es una perspectiva de futuro para un país. La precariedad, y su impacto inasumible sobre nuestros jóvenes es un lastre insoportable para nuestra sociedad", espetó la ministra.
La titular de Trabajo destacó que entre el 12 y 31 de marzo se produjo una primera fase de despidos más intensa, en la que el desempleo aumentó en 302.265 personas, mientras que en los primeros días de abril el repunte fue de 185.270 personas. "El proceso de destrucción se ralentiza en primer lugar y después se detiene a principios de abril por el impacto de los ERTE", destacó Díaz.
"La hemorragia se ha detenido por la enorme utilización de medidas alternativas al despido", insistió Díaz durante su intervención. La ministra, incluso se atrevió a destacar que "desde el lunes día 13 hay una tendencia a la creación de empleo, aunque es muy débil". Datos que no coinciden con el sentimiento de las empresas, como refleja el último informe de Cepyme, publicado esta semana, y en el que las empresas, especialmente las pymes, advierten de que muchas aún tienen en mente despedir a trabajadores por las dificultades para hacer frente a la complicada coyuntura.
