Gobierno y agentes sociales están negociando, dentro de la fase de la desescalada, qué hacer con el medio millón de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (Erte) y los más de cuatro millones de trabajadores afectados. Todos los expedientes que se han aprobado con el COVID-19 de fondo, tienen como fecha de caducidad el final del estado de alarma. Pero la realidad económica y sanitaria dicta que no todos los trabajadores podrán reincorporarse a sus puestos aunque se levante el estado de alarma.| Los afectados por Ertes cobrarán la paga a partir del 4 de mayo.
El pasado viernes, el Ministerio de Trabajo mantuvo una reunión de trabajo con los agentes sociales para ver cómo afrontar la renovación de los Ertes y algunas ideas parecen claras. En primer lugar, no todos los Ertes que han sido aprobados hasta la fecha serán renovados; al menos no los amparados en causa de fuerza mayor.
La segunda idea, también bastante clara, es que aunque ya no puedan seguir como expedientes de fuerza mayor, el Gobierno abrirá la puerta a que algunos puedan ser renegociados como un nuevo Erte alegando causa económica, técnica, organizativa y de producción.
El tercer elemento, más o menos consensuado, es que aquellos sectores que tengan más difícil recuperar la actividad serán los que puedan ser prorrogados. Desde el Ministerio de Trabajo se apuntó como el más claro el turístico y sectores aledaños como las compañías aéreas cuyos Ertes serán prorrogados tras el levantamiento del estado de alarma.
Disensiones
Pero aquí empiezan a surgir ciertas disensiones entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos. La casuística es muy amplia y habrá que negociar qué sectores se incluirán en la prórroga y continuarán con Ertes por fuerza mayor y cuáles se quedarán fuera a pesar de que estén ligados al turismo.
Un caso claro es la restauración, pues aunque en determinadas zonas su facturación depende en exclusiva de los turismos, no así en otras zonas. No obstante, las fuentes consultadas por elEconomista conocedoras de la reunión, aclaran que los sectores quedan supeditados a las decisiones sanitarias.
En función del grado de apertura se podrá ir reactivando la actividad y, por tanto, ir excluyendo unos y otros sectores, hoy incluidos en el RD del estado de alarma, como amparado por el principio fuerza mayor.
Periodo de transición
Pero quizá, la principal divergencia, radica en el periodo de transición entre los Ertes de fuerza mayor hacia los de causas objetivas. Desde el Gobierno plantean que se abra un proceso de un mes de gracia para que todos aquellos Ertes de fuerza mayor que tengan que ser renovados por uno nuevo de causas objetivas puedan preparar con calma el nuevo Erte.
Frente a los de fuerza mayor que los presentaba directamente la empresa, los Ertes de causa económica, técnica, organizativa y de producción debe ser negociados con los representantes de los trabajadores y en aquellas micropymes, con un responsable sindical de alguna de las grandes centrales.
Desde las patronales, no les gusta esta solución y entienden que el paso del Erte de fuerza mayor a uno de causa objetiva debería hacerse de forma automática sin tener que abrir nuevamente el proceso de presentación antes las autoridades laborales. Por su parte, desde los sindicatos se decantan, en línea con el Gobierno, de que los Ertes de fuerza mayor no se pueden prorrogar automáticamente. Entienden que la causa de fuerza mayor que justifica el expedientes ya no existe, por lo que legalmente, quedarían invalidados.
