En 1945, el ingeniero aeroespacial Edward Aloysius Murphy formuló una ley que en síntesis vino a decir que, si algo puede salir mal, saldrá mal. Ese sesgo negativo es el que ha dominado hasta ahora la acción política del Gobierno de España en la gestión de la crisis sanitaria y económica del coronavirus, prácticamente desde el minuto cero. Improvisaciones, desorganización, falta de transparencia, la podemización de las medidas, y una coalición que ha saltado por los aires presiden día sí, día también una actuación cuestionada desde cualquier ámbito. En directo: última hora del coronavirus
Hay que remontarse a finales de enero, el mes completo de febrero y a los primeros días de marzo para comprobar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo caso omiso de las advertencias y recomendaciones de los organismos internacionales, contrarios a las grandes concentraciones de personas.
El error, evidentemente, no solo fue en su origen no cancelar la manifestación del día de la Mujer celebrada el 8-M en Madrid, también el resto de manifestaciones por toda España, competiciones deportivas, celebraciones familiares y de empresas, congresos y actos políticos. El ejemplo de lo que podía pasar estaba cerca. Italia ya arrastraba un número relevante de personas fallecidas y su Sanidad colapsada, a pesar de que el país se encontraba confinado.
"Las posibilidades de que personas portadoras o enfermas entren el territorio español son bajas, pero no descartables"
El 24 de enero, Ángel Nieto González, jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio de Interior, "aconseja" y "recomienda" el uso de guantes de nitrilo y mascarillas FPP-2, así como lavarse a menudo las manos. La carta se dirige a los funcionarios policiales en puestos fronterizos de los aeropuertos como prevención ante una posible exposición a una pandemia, subrayando en el texto, al que ha tenido acceso elEconomista, que las posibilidades de que "personas portadoras o enfermas entren el territorio español son bajas, pero no descartables".
El ánimo de la misiva policial no parece alertar de la excesiva preocupación del Gobierno. Exactamente el mismo que expresa el ministro Salvador Illa, quien el 27 de febrero desaconseja que se utilicen mascarillas en la calle, y hasta reprueba el pánico que se estaba generando.
Estado de alarma en diferido
Una vez asumida que la situación se le había escapado de las manos a las autoridades -con el cierre de colegios, institutos y universidades en Madrid, desde el miércoles 11 de marzo, y con presiones a CCAA de signo de izquierdas para no imitar el paso a la región madrileña-, al Gobierno no le queda otra que anunciar el estado de alarma. Así, el presidente comparecía desde Moncloa un sábado, y sin preguntas de la prensa proclama el estado de alarma en diferido, pues su aplicación no entraría hasta un día más tarde.
El país se encontraba en estado de shock, con gente escapándose de las ciudades a sus segundas viviendas, o arrasando víveres en los supermercados, mientras Sánchez explicaba -pasando desde la alegría pasada de la manifestación del 8 de marzo, a la parálisis del día 14-, la restricción de movimientos de los españoles, salvo para ir al supermercado o la farmacia. Prohibidos los traslados, el uso del automóvil, y 15 días de confinamiento, seguido de otros quince días, y dentro de poco, de un otros quince días más.
Al día siguiente, el presidente informa del mando único de las Fuerzas Armadas y de la Sanidad. El primero ha sido, sin duda, el único y escaso éxito del Gobierno. El segundo ha sido un fiasco constante con las adquisiciones de un suministro que no llega, o si llega como los test-rápidos, estos no sirven, con material retenido en las aduanas, o con aviones que aterrizan medio vacíos, y con el reconocimiento por parte del Gobierno de que está desbordado, luego, tienen que ser las comunidades autónomas quienes se lancen también a la vorágine de los mercados internacionales.
En ese caos, con media Moncloa infectada por el virus, y su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, saltándose la cuarentena -por mucho que duerma fuera de su casa-, el Gobierno elabora un decreto tardío e incompleto con medidas económicas para insuflar 200.000 millones de euros de liquidez a las empresas, liquidez que a la postre va a cuentagotas y con tanta letra pequeña como moratorias ridículas, garantías a veces imposibles, y sin rebajas fiscales ni ayuda a autónomos.
Igual ocurre con los fondos de contingencia que deberían llegar a las comunidades, y que según ha sabido elEconomista, áun no han llegado. Además, administraciones locales y autonómicas piden el IVA que se les debe y poder utilizar el superávit. Las ruedas de prensa en diferido tampoco contribuyen a aparcar una imagen de caos que va in crescendo.
Moncloa aparca la interlocución
El Gobierno necesita a los partidos políticos para sacar adelante los dos últimos decretos económicos. Pero prohibir los despidos y decretar el cierre de la actividad productiva sin consultar a empresas, patronales y comunidades autónomas, el grado, la manera y los tiempos, ha dejado a Pedro Sánchez en una posición de mínimos. El jefe del Ejecutivo apenas cuenta con el voto de Unidas Podemos, y aunque dice que Adriana Lastra ha establecido puentes con el PP, desde Génova lo desmienten y critican las mentiras del Gobierno. A día de hoy, sin noticias de Moncloa.