Los expertos del Consenso Económico de PwC apuestan por la implementación de menidas a favor de la jubilación activa como medida a adoptar por el Gobierno de España para mantener el sistema de pensiones del país. Esta fórmula permite a los trabajadores jubilarse y mantener la actividad laboral y los ingresos, a cambio de recibir parte de la pensión. También ven adecuada la implementació de acuerdos directos entre empresas y jubilados. Así se desprende del Consenso Económico, correspondiente al primer trimestre de 2020, que elabora la consultora PwC a partir de la opinión de un panel de más de 400 expertos, directivos y empresarios.
Una amplia mayoría de los panelistas del consenso -el 79%- considera que la diversidad generacional de las plantillas es un activo valioso en sí mismo y el 67% califica como absurda la idea, generalizada, de que la productividad de los trabajadores disminuye a partir de los cincuenta años. Además, un 69% no está de acuerdo con que los trabajadores mayores sean perfectamente sustituibles por otros más jóvenes, que sean más productivos y menos costosos. Sin embargo, el 73% cree que las empresas españolas no están preparadas suficientemente para aprovechar el talento senior que tienen en su seno y un 64% estima que las compañías carecen de estímulos adecuados, ya sean normativos o económicos, para retener a los empleados mayores de seguir trabajando.
Los expertos, empresarios y directivos -el 78%- proponen mayoritariamente que se impulse la jubilación activa y también ven idónea -el 58%- la introducción de contratos de compatibilidad para trabajadores jubilados.
El coste de la longevidad
Los panelistas que integran el Consenso Económico creen que la esperanza de vida en nuestro país y en los países más avanzados seguirá creciendo, aunque existe división de opiniones sobre si lo hará al mismo ritmo que en las últimas tres décadas: el 38% piensa que sí, el 17% que no y un 45% prefiere no pronunciarse. En lo que sí parecen estar de acuerdo casi la mitad de los encuestados es en el impulso de la esperanza de vida, gracias a los nuevos descubrimientos y a las terapias genéticas, no van a llegar por igual a toda la población y pueden dar lugar a desigualdades sociales.
Los expertos se muestran preocupados por el creciente número de personas de edades avanzadas que viven solas en España y que, en algunos países, como en Reino Unido o Japón, ha llevado a crear políticas e instituciones para afrontar la situación. El 70% de los panelistas del Consenso asegura que la soledad es ya un problema relevante en nuestro país, y el 55% cree, además, que la sociedad española no es plenamente consciente de los riesgos que conlleva.
Para abordarlos, más de la mitad -el 55%- de los encuestados piensa que el Estado debe tener un papel activo en la búsqueda soluciones y un 57% no está de acuerdo en que la soledad deba ser un asunto restringido a las familias. De hecho, el 60% apuesta por la puesta en marcha de una agencia estatal que se encargue de evaluar y de coordinar las políticas nacionales y autonómicas en este campo.
Precisamente, el aumento de la esperanza de vida choca con el mantenimiento de los 65 años como una barrera generalmente adoptada para separar a la población entre adulta y mayor. Una amplia mayoría de los expertos -el 78%- encuestados cree que la expresión tercera edad, aplicada a los 65 años para reflejar el paso a la vejez, es cada vez menos representativa. Y un 54% de los encuestados estiman que estas edades se ha convertido en una barrera social que obliga a muchas personas a adoptar comportamientos o decisiones que no desea como de verdad, por ejemplo, jubilarse. En general, los panelistas consideran que hay una excesiva resistencia social a remover los 65 años como momento que define el paso hacia la vejez.
