En España hemos leído poco sobre Carillion. Era la segunda constructora de Reino Unido, con más de 40.000 empleados, e igual que sucede en España con las constructoras, una de las mayores proveedoras de servicios de la Administración Pública británica. Digo "era" porque desde 2018 está quebrada.
La quiebra ha generado una enorme cantidad de damnificados, entre empleados, proveedores, accionistas, bonistas, entidades financieras e incluso clientes. Por indicar a uno que conocemos todos, el Banco Santander, que otorgó una línea de confirming que atendía los pagos a los proveedores de Carillion, provisionó 100 millones de euros en sus cuentas e incluso ha tenido que atender las demandas de información del Parlamento británico sobre la famosa línea. El propio Parlamento ha elaborado varios informes sobre el caso que pueden consultarse en su página web. El asunto ha llegado lejos.
Otra damnificada de excepción ha sido la firma de auditoría KPMG, ahora investigada por la FRC. Tras auditar a la compañía durante 19 años, nunca expresó dudas que hicieran prever el colapso de las cuentas en sus informes financieros.
La deuda financiera de Carillion quedaba enmascarada, al menos en parte, dentro de la deuda comercial. No me canso de repetir que esto también pasa en las empresas españolas, amparadas por la opaca información sobre los volúmenes y los plazos medios de pago de los confirmings con que liquidan a sus proveedores.
Sabemos que la actividad en confirming no para de crecer, alcanzando en 2018 los 81.000 millones de euros en España, nada más y nada menos que un incremento del 14,38% sobre el año anterior, según informa la Asociación Española de Factoring en su memoria. La enorme cantidad de dinero en juego haría prudente una clarificación sobre su reflejo en el balance de las grandes compañías.
El actual sistema de contabilización del confirming conlleva la ocultación de la deuda financiera y de la realidad de los plazos de pago de las empresas. Hace poco el Banco de España puso de manifiesto la incongruencia entre la información publicada por las compañías en sus memorias y la que se desprende del análisis de sus estados financieros en materia de plazos de pago. Pero además tiene otros efectos colaterales sobre la transparencia de las cuentas de las grandes empresas: la procedencia de los flujos de tesorería queda seriamente enmascarada. Se presenta como flujo de operaciones -liquidez obtenida por el desarrollo del negocio- fondos que realmente deberían contabilizarse como transacciones financieras. Y esto también es muy serio.
Presentar deuda financiera como deuda comercial mejora el rating de las empresas, abaratando aún más su coste de financiación. Además de financiarse gratuitamente a costa de sus proveedores, la apariencia de menor apalancamiento mejora su rating frente a entidades y mercados financieros. Pero tranquilos, nada que temer, estamos en la era de la Responsabilidad Social Corporativa y el Compliance.
Tras la quiebra de Carillion, el Reino Unido puso en marcha un régimen sancionador dirigido a los malos pagadores. En España, seguimos esperando. Huelga recordar a nuestros políticos que los largos plazos, entre otros muchos efectos negativos, reducen la competitividad de nuestras empresas y eliminan puestos de trabajo.
Y tal como ha quedado demostrado en el caso Carillion, no solo los proveedores deberían estar preocupados. Otros grupos de interés pueden verse afectados. Señores inversores, tomen también nota. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar...
