A cuenta del ejercicio presupuestario de 2019, el Ministerio de Hacienda mantiene retenido el pago de 5.291 millones de euros que corresponden a Administraciones y otros organismos públicos. Ese dinero procede, entre otras partidas, del déficit de la tarifa eléctrica que tiene el Estado (2.000 millones de euros) y de los 2.500 millones del IVA de diciembre de 2017 adeudado a las comunidades autónomas.
Entre los acreedores –que este viernes se sentarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para escuchar de la ministra María Jesús Montero la cifra de senda fiscal que les marcará a las autonomías hasta 2023– cunde la sospecha de que el Estado está maquillando las cuentas para que a Hacienda le cuadren los números que tiene que presentar en breve a Europa.
El dinero procede de distintas partidas que no se han abonado, y roza el 0,5% del PIB nacional
Unas cuentas que este martes eran objeto de discordia con informaciones contradictorias entre las fuentes del Ejecutivo y las de la Vicepresidencia y el Ministerio de Economía. Por un lado, algunas fuentes monclovitas daban por hecho que el Gobierno había logrado cerrar con Europa la senda del déficit hasta 2023. Por otro, con más cautela, Economía abundaba en una relación de "diálogo permanente" con la Comisión, pero subrayando que a la fase de negociación todavía no se había llegado, y por tanto había que esperar a la entrega del borrador de los Presupuestos Generales de 2020.
La cantidad de dinero que retiene Hacienda en su monedero, como una especie de colchón presupuestario, no es nada despreciable. Se asemeja, o al menos se acerca al recorte estructural que la UE exige a las Cuentas Públicas de 2020, si es que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cumplir con su compromiso fiscal y no quiere ser penalizado.
Europa exigió en octubre un recorte estructural del 0,64% del PIB, 7.800 millones de euros
Precisamente en clave de déficit –una de las principales exigencias de la Comisión Europea–, los 5.291 millones que ha dejado de pagar el Ministerio que dirige María Jesús Montero suponen cerca de un 0,5% del PIB nacional, cuando desde Bruselas se nos viene exigiendo un ajuste estructural del 0,65, entre unos 6.600 y unos 7.800 millones de euros. Europa también nos pide que el aumento del gasto no exceda como máximo del 0,9%.
En detalle, el recorte de esos 5.291 millones de euros procede de 2.000 millones que el Gobierno adeuda por el déficit de la tarifa eléctrica, 2.500 millones que retiene a las comunidades autónomas por los ingresos del IVA de diciembre de 2017, otros 200 millones por el derecho de pagarés a Andalucía –que a día de hoy siguen bloqueados desde septiembre de 2019–, y 416,5 millones que se le deben a Valencia por el FOGA (Fondo de Garantía Asistencial de Sanidad), según ha podido conocer elEconomista.
La carta con aviso
Pendiente Bruselas de que llegue el borrador de los Presupuestos Generales de 2020, para que en el caso de negociación la Comisión flexibilice el déficit a España, en octubre del año pasado, el Gobierno socialista de Sánchez recibió una carta procedente de Berlaymont, sede de la Comisión, en la que se nos pedía un ajuste por 6.600 millones. Entre las apreciaciones de la misiva de la institución europea resaltaba la falta de convicción de los planteamientos tributarios de España, al creer que los ingresos por impuestos estaban sobredimensionados.
El borrador que el Ejecutivo socialista envió entonces –en octubre– solo arrojaba una mejora estructural del 0,1 del PIB, además de un incremento del gasto del 3,8%, exactamente cuatro veces más de lo indicado por la UE.
Medidas paliativas
Con la entrada en vigor en 2020 del desarrollo completo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera –que salvo reformas estructurales con impacto presupuestario positivo a largo plazo o, circunstancias excepcionales deja que el saldo estructural sea del 0,4%–, en España se prohíbe por ley el déficit.
Esta exigencia regulada explicaría las razones del Ejecutivo para maquillar el déficit en partidas como el IVA que se adeuda a las autonomías desde diciembre de 2017, si bien el saldo negativo que desaparece del Estado se va directamente para las regiones –hay que precisar que esta cantidad no aparecía en el borrador de Presupuestos de 2019, luego solo sería relevante de cara al déficit, en el caso de haberlo devuelto a las administraciones autonómicas–.
Este lunes, y a propósito de la partida del IVA, Carolina Darias, ministra de Política Territorial, afirmaba que no ve factible que Hacienda devuelva el IVA de 2017 a las autonomías, lo que ha provocado una agrupación política que va desde el PP, Ciudadanos, hasta llegar al propio Partido Socialista, decididos a recurrir a la vía judicial para recuperar ese dinero.
Sin embargo, este miércoles, preguntada la ministra de Hacienda por este tema, se dispuso por primera vez a estudiar "medidas paliativas", porque de otro modo, infiere Montero, ya no es posible aprobar la liquidación definitiva del IVA de las autonomías de 2017.
Entretanto, siguen retenidas importantes autorizaciones como el programa de pagarés de Andalucía o la ayuda en materia de Sanidad a la Comunidad Valenciana.
¿Qué pasó con el desfase de las entregas a cuenta?
A última hora del día, elEconomista era conocedor de nuevos temas para el orden del día solicitados por la Comunidad de Madrid para la Conferencia de Política Fiscal y Financiera. Entre ellos, la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y, el recorte de las entregas a cuenta de 2019, unos 120 millones de euros que, de sumarse a los 5.291 millones de euros que 'se guarda' Hacienda, ascienden la factura a 5.411 millones de euros.
