Las pensiones de los autónomos en España son muy bajas y su cotización sería más equitativa si se efectuara en relación a los ingresos reales, una sempiterna demanda de los colectivos de trabajadores autónomos. En este sentido se pronunciaron ayer los expertos de la OCDE durante la presentación en Madrid del informe de noviembre de 2019 Pensions at a Glance.
El acto fue inaugurado por el presidente de Inverco, Ángel Martínez Aldama. En él participaron el jefe de la Unidad de pensiones Privadas en la División de Asuntos Financieros de la OCDE, Pablo Antolín, y el responsable de Pensiones en la División de Trabajo y Política Social de la organización, Hervé Boulhol.
Ambos evidenciaron numerosos problemas del sistema público de pensiones español, y demandaron soluciones a la desigualdad en las pensiones de los empleados por cuenta propia, mucho menores a las de los asalariados del régimen general. Desde la OCDE también insisten en la necesidad de tomar medidas para encajar la situación de los denominados "trabajos no convencionales": parciales, temporales, colaborativos, en definitiva, los nuevos modelos de trabajo.
Además, abogaron por un reequilibrio de los ingresos, ya que la revalorización con el IPC no es viable a largo plazo sin tomar medidas adicionales. En este sentido, recordaron ambos expertos de la OCDE el mejor horizonte que dibujaba el tácitamente derogado factor de sostenibilidad de 2013 para nuestras maltrechas cuentas de la Seguridad Social. Por otra parte, remarcaron la necesidad de retrasar la edad de jubilación, ya que la mayor longevidad hace que la carrera de cotización tipo que se da en España permita reequilibrar los números rojos. Además de retrasar la edad real de jubilación, la OCDE también pide que se tenga en cuenta toda la vida laboral para el cálculo de la misma.
Menos críticos fueron los expertos con la retirada del IRP, el índice de la reforma de 2013 que deparaba aumentos del 0,25% en las pagas, al entender que a largo plazo unas revalorizaciones tan contenidas podrían tornarse injustas.
Respecto a la mochila austriaca que recoge la Agenda 2030 pusieron en tela de juicio su utilización como complemento a la jubilación, al entender que su virtualidad es completar el desempleo.
Entre las singularidades del sistema de pensiones español destacaron ambos expertos del organismo que agrupa a las grandes potencias la insuficiencia de los incentivos fiscales al ahorro a largo plazo. España se sitúa en un 9% de incentivos sobre el valor actuarial del capital, frente a un promedio del 25%, lo que lastra nuestro mercado de previsión social complementaria. Además, pusieron en tela de juicio el espíritu de la facilidad tributaria para rescatar los planes de pensiones a los 10 años, al entender que eso no identifica el producto realmente como una vía de ahorro para la jubilación, sino como un vehículo de ahorro a largo plazo no íntimamente asociado a complementar la pensión pública, cuando su finalidad real es ésta.