Las comunidades autónomas comenzarán el año 2020 con el agua al cuello. La prórroga presupuestaria ha dejado ya a las autonomías sin los 2.500 millones de euros que les corresponden por el IVA de diciembre de 2017. Sin embargo, las comunidades autónomas estiman que el agujero de los impagos del Gobierno central asciende a los 3.500 millones de euros, después de que el Gobierno desbloqueara las entregas a cuenta por un valor de 4.500 millones.
A este bloqueo, se suma el último dato de déficit. Las autonomías han pasado de superavit del 0,14% al cierre de 2018 a un desajuste del 0,35% en octubre de 2019. El dato supone una pérdida de 6.060 millones de euros.
La Administración Regional registra de este modo un déficit de 4.428 millones en los diez primeros meses del año, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Una cifra muy distinta a la del final de 2018, cuando cerraron el año con un superavit del 0,14%, de 1.632 millones de euros.
En la Comunidad Valenciana no podrán contar con los 373 millones para la condonación de la deuda del Consorcio Valencia 2007
El gasto no financiero aumenta un 5,6%, destacando la remuneración de asalariados, que crece un 5,9%. También crecen los consumos intermedios un 3,6% y las transferencias sociales en especie un 4%, fundamentalmente por el aumento del gasto en conciertos sanitarios y en conciertos educativos entre otros. A finales de octubre, solo Canarias, Navarra, La Rioja y País Vasco presentaban superavit. en sus cuentas.
Hasta octubre, los ingresos se han incrementado un 1,4%, aunque se trata de una comparativa todavía no homogénea y que se suavizará como resultado del Real Decreto-Ley 13/2019, por el que se regula la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019.
Impagos de Madrid
Los impagos de varias partidas y el mes de IVA que el Ministerio de Hacienda no abonará por un cambio contable ejecutado en 2017 por Cristóbal Montoro y otros pagos que tendría que asumir el Estado suman 3.500 millones de euros, según los cálculos de las comunidades autónomas.
La situación afecta a las tesorerías de las autonomías, según denuncian varias de ellas. Este es el caso de Madrid, en donde las tensiones están presentes por la ausencia de unos 1.237 millones en sus arcas, una cifra que está coronada por el impago de 127 millones, que corresponden a la aportación del Estado al Consorcio Regional de Transportes.
En la Comunidad Valenciana tampoco podrán contar con los 373 millones que se esperaban para la condonación de la deuda del Consorcio Valencia 2007, ente creado en 2003 por la Generalitat , el Ayuntamiento de Valencia y Gobierno central para organizar la Copa América y gestionar el proyecto de la llamada Marina Real Juan Carlos I en la capital del Turia. La región que más pierde en bruto en esta situación es Cataluña. La Generalitat presidida por Quim Torra ha dejado de ingresar unos 1.317 millones.
El Ministerio de Hacienda insistía hace mes en que no será posible hacer un solo movimiento hasta que se solvente la situación del Ejecutivo. Sin embargo, los Gobiernos autonómicos, por su parte, no consideraban válidos los argumentos de la Abogacía del Estado que indican que un Gobierno en funciones no puede resolver los impagos de la Administración central a las regiones. Así lo indicaba un informe de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, que considera que hay espacio legal para que el Estado pagara a las regiones los más de 4.500 millones de euros que les debe en materia de entregas a cuenta.
Pago ante la presión
La presión de las autonomías hizo que la ministra de Hacienda anunciara el 11 de octubre el real decreto-ley que el Ejecutivo llevó a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para liberar 4.682 millones para las administraciones regionales, y 821 para las entidades locales. Según la titular de Hacienda, María Jesús Montero, la Abogacía del Estado no ha puesto ningún impedimento para hacer realidad una demanda que venían exigiendo todas las comunidades. La decisión llegaba por tanto, a un mes de las elecciones generales del 10 de noviembre, con un gobierno en funciones y con unos presupuestos generales prorrogados.
Haciendo uso de la Diputación Permanente, órgano cuyo uso fue discutido en las pasadas elecciones con la aprobación de los 'viernes sociales', el Gobierno llevó en breve el real decreto-ley del anticipo de las entregas a cuenta, uno de los principales temas de la actualidad política del verano y que provocó un rosario de contradicciones por parte del Ejecutivo socialista. A unos días de que se celebraran elecciones, en el tiempo en el que las inauguraciones o las declaraciones estrella de los dirigentes políticos están en entredicho en el protocolo político, el Ejecutivo de Sánchez decidió dar luz verde para a este roto en el bolsillo de las autonomías y las entidades locales, que desde luego hubiera sido de gravedad a partir del 15 de diciembre.
"Hemos sido claros. Buscábamos una solución", resaltó María Jesús Montero, señalando que ahora ya nadie podrá ser "víctima" del momento en el que se encuentre un Gobierno central. Así pues, resuelve la ministra, encontrada la "vía", de cara a la propia Ley de Financiación Autonómica, ésta se incluirá en la ley orgánica.
