Si se mantienen las previsiones y el Gobierno no logra los suficientes apoyos para aprobar sus propios Presupuestos -y por tanto, España tiene que entrar en prórroga presupuestaria-, las comunidades autónomas tendrán despedirse de los 2.500 millones de euros que les corresponden por al IVA de diciembre de 2017.
Según fuentes del Ministerio de Hacienda, esta operación está ligada a los Presupuestos, dado que se trataría de una nueva partida y en prórroga presupuestaria no se podría aprobar una iniciativa de este tipo, que se ejecutaría a través de un crédito a coste cero para las regiones.
De hecho, si no salen adelante las Cuentas gubernamentales- que parece lo más factible, por la ausencia de apoyos suficientes en el Congreso, particularmente los de ERC y PDeCat-, también lo notarán las corporaciones locales, a las que el Estado también deberá la recaudación por IVA de diciembre de 2017, cifrada en unos 300 millones.
Con esta fórmula, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a finales de agosto, se pretendía devolver cuanto antes a las regiones el mes de IVA que el Estado no les pagará en 2019 por la reforma ejecutada por Cristóbal Montoro en 2017 en el reglamento del IVA.
Problema contable
El problema de esta reforma y el momento en el que se hizo es que la recaudación de diciembre de 2017 no computó hasta enero de 2018, por lo que de cara a la financiación de 2019 las regiones contarían con un mes menos de recaudación del IVA de la que les correspondería.
La medida, que se plantearía en los Presupuestos, se ejecutaría a través de un préstamo sin intereses que las regiones no tendrían que devolver hasta 2021. Para entonces, según indicó la propia Montero, el Gobierno espera haber podido ejecutar una nueva contrarreforma de la normativa del plazo de pago del IVA, de manera que las empresas lo abonen a día 20 en vez de a día 30, tal y como estaba antes del cambio ejecutado por Montoro cuando este era su predecesor al frente de las Cuentas Públicas.
De esta manera, las regiones y las entidades locales podrían contar para 2021 con 13 meses de recaudación en vez de con 12 meses, explicó Montero, con lo que el problema quedaría corregido y podrían devolver el citado préstamo. Según Hacienda, esta operación no generaría deuda ni déficit añadido para 2019, puesto que el impacto se generó de manera contable en las cuentas del Estado de 2017.
La reclamación del mes de IVA perdido se convirtió en una de las principales reclamaciones de los presidentes autonómicos en sus reuniones con Montero los últimos meses.
Este fue el caso de Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, quien tras el encuentro consideró: "Me voy más tranquilo que cuando vine al Ministerio" sobre el desfase provocado por el cambio de normativa.
Sin embargo, si el Ejecutivo no consigue sacar los Presupuestos adelante y Pedro Sánchez prosigue con su plan de gobernar con Cuentas prorrogadas tanto las comunidades autónomas como las entidades locales no podrían contar con unos 2.800 millones, al menos hasta 2020. Esta cifra se sumaría a los casi 7.000 que no ingresarían las regiones por entregas a cuenta adicionales. Es decir, que las autonomías, en una situación de prórroga presupuestaria indefinida, dejarían de ingresar unos 9.500 millones, en total, en 2019.
Cambio legal
Con todo, el cambio legal para que este problema contable no se vuelva a producir sí que se podría llevar a cabo, e incluso con algún que otro apoyo inesperado. A pesar de que el Partido Popular se habría opuesto a él, fuentes del Grupo Parlamentario de Ciudadanos reconocen que habrá que abordar y solucionar el problema de alguna manera, aunque reclaman que se haga contando con los propios empresarios a la hora de buscar una fórmula para ello.
El apoyo de la formación naranja al cambio, sumado al respaldo del socio parlamentario del Gobierno, Unidos Podemos, permitiría sacar adelante esta reforma si tiene que ser tramitada en el Congreso.
De hecho, a pesar de que el Gobierno no podrá sacar adelante sus Presupuestos salvo milagro político, algunos de los nuevos impuestos que ha propuesto podrían seguir un camino diferente. De hecho, tanto la Tasa Google como el tributo a las transferencias financieras, cuyos proyectos de ley todavía se tienen que presentar en las Cámaras, tienen visos de ser aprobados. A día de hoy, tanto Unidos Podemos como PDeCat han indicado que apoyarán ambas medidas, mientras que Ciudadanos no ha tomado todavía una postura al respecto.
Por otro lado, respecto a su agenda social, ante un eventual bloqueo de las Cuentas, el Ejecutivo y sus portavoces ya han confirmado que se sacará mediante decretos.
