Gestionar con Presupuestos prorrogados se ha convertido en la norma de la política española. Al ciclo económico del que depende el nivel de financiación de la sanidad española, hay que sumar ahora la inestabilidad política de cada región. Solo ocho comunidades autónomas entrarán en 2020 con un proyecto de presupuestos aprobado para el próximo ejercicio. Son Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana. Se trata de Ejecutivos que disfrutan de mayorías o acuerdos de gobierno más o menos estables.
El resto de comunidades apenas ha iniciado el trámite parlamentario y se mantiene a la expectativa. Madrid o Castilla y León han comunicado que no presentarán sus Cuentas hasta que no se configure un nuevo Ejecutivo central. Otras, como Baleares han decidido prorrogarlas de 2019. Incluso hay casos extremos, como el de Cataluña, que afrontará casi con total probabilidad una tercera prórroga de sus Presupuestos de 2017. Las demás comunidades se han conformado con prorrogar sus Cuentas.
Una de las consecuencias más visibles de la inacción política es el agravamiento de las listas de espera y el retraso en los pagos a los proveedores. El Ejecutivo de Quim Torra lidera las demoras de una sanidad pública que se encuentran en un nivel histórico: hasta 671.494 pacientes están pendientes de pasar por el quirófano no antes de cuatro meses. La factura del procés en sanidad es alarmante: 168.000 pacientes esperan ya 146 días de media una cirugía.
La otra cara de la moneda de la inestabilidad política y la falta de presupuestos son los impagos. El Ejecutivo catalán ha anunciado que solo abonará en diciembre el 30% de la factura de medicamentos de octubre a las farmacias, metiendo así de nuevo a este sector en una espiral de impagos, que se inició en 2010 y que solo logró normalizar en 2018.
Madrid es la región que acumula más facturas impagadas con las empresas de tecnología
En el caso de Madrid, esta es la región que acumula más facturas impagadas con las empresas de tecnología sanitaria. En septiembre, debía 171 millones de euros, frente a los 70 millones adeudados en marzo. En total, las comunidades autónomas acumulan ya retrasos cercanos a los 1.000 millones de euros solo en tecnología.
El resultado de la parálisis política es que muy pocas regiones han conseguido traducir en cifras sus objetivos en política sanitaria para atender problemas que se han cronificado, como la presión asistencial y falta de medios humanos y tecnológicos para reducir las listas de espera.
Los gobiernos que sí han hecho los deberes han proyectado, en cualquier caso, un gasto expansivo en sanidad en un contexto de desaceleración económica, donde la Comisión Europea ha exigido un ajuste cercano a los 8.000 millones de euros. Andalucía, Canarias, País Vasco o Aragón plantean incrementos de la partida sanitaria que rondarán el 4%, el alza de Galicia se limitará al 3%, mientras que Cantabria presenta un aumento del gasto del 5,47%, para hacer frente, entre otros objetivos, al pago de proveedores.
Si una comunidad ha dado un vuelco en su sanidad es Andalucía. Sus cuentas reflejan una actuación de urgencia sobre un Servicio Andaluz de Salud cuyo andamiaje ha resultado de cartón piedra, una vez que se trata del sistema con menor gasto sanitario público per cápita, lo que se ha traducido en la última década en un alarmante déficit de infraestructuras y tecnológico, los salarios más bajos para sus profesionales, además de unas listas de espera maquilladas, como quedó patente tras aflorarse más de medio millón de pacientes no registrados en los cómputos de la Consejería de Salud.
El Gobierno de Juanma Moreno ha decidido, por ello, estirar el gasto sanitario por habitante hasta los 1.316 euros, cuando en 2017 se situó en 1.153 euros per cápita. Andalucía superará así, por primera vez, los 10.000 millones de euros de presupuesto en salud, después de incrementar en 335,9 millones de euros este capítulo para 2020.
El otro gran objetivo andaluz es su Plan de Choque contra las listas de espera, apoyado en un fuerte incremento de la actividad hospitalaria, que no ha renunciado a concertar con centros privados. Así, el 13,75% de las 18.601 intervenciones realizadas más, entre el 25 de marzo -fecha de activación del Plan de Choque- y el pasado 30 de septiembre, respecto al mismo periodo del año anterior se ha hecho en hospitales de la red privada.
El tripartito que gobierna la Comunidad Valenciana seguirá centrado en contener el gasto sanitario y reducir su peso en las Cuentas regionales. Por su parte, la sanidad gallega ganará un 3% de inversión para situarse en los 4.109 millones de euros previstos para 2020, el Presupuesto más alto de su historia de la comunidad noroccidental.
