El Brexit implicará nuevas cargas para las empresas europeas que exporten al Reino Unido, que, entre otras obligaciones, tendrán que contar con un representante fiscal en el país y con un número identificador británico.
En un encuentro organizado por el despacho de abogados Baker McKenzie, el especialista en fiscalidad Antonio Albarrán ha advertido que ahora mismo "los escenarios son infinitos –y más con la incertidumbre política de Reino Unido–" respecto al Brexit, ya que aún se desconoce cuándo se efectuará, y si habrá un acuerdo cómo se concretará.
Lo que está claro es que, una vez que el Reino Unido abandone la Unión Europea (UE) sin lograr ningún acuerdo, las empresas exportadoras europeas tendrán que contar con representantes fiscales en el país, que serán sus responsables solidarios, incluidas las deudas, algo que "no va a ser fácil" de encontrar.
"Es complicado porque tienes que buscar que actúe por ti que esté dispuesto a asumir la solidaridad de la deuda", afirma Albarrán. Asimismo, en cualquier caso es muy probable que existan estas nuevas medidas comerciales y fiscales aunque se llegase a un acuerdo.
Número identificador británico
Para los trámites en aduanas, las empresas exportadoras europeas necesitarán un número identificador británico, ya que el EORI que ac-tualmente funciona en toda la Unión ya no servirá en el país. Asimismo, desaparecerían las tarifas preferentes.
Aduanas y comercio
De ocurrir un Brexit sin acuerdo, Reino Unido sería tratado como un país tercero a efectos de aduana, lo que influye directamente en las relaciones comerciales que se tengan con las empresas y clientes de allí. De esta forma, la Unión Europea y Reino Unido comerciarán bajo los términos de la OMT, sin ningún trato preferente. Esto implicaría la reintroducción de aranceles (aunque Reino Unido ha anunciado la aplicación de aranceles del 0 por ciento en la mayoría de bienes durante un periodo de 12 meses, aplicará a todas las importaciones incluyendo las comunitarias).
Asimismo, se pagaría IVA a la importación en Reino Unido, que introducirá un sistema de IVA diferido como el de Holanda. Se reintroducirán controles aduaneros y Reino Unido perdería los beneficios de los FTA europeos.
Decisiones arancelarias
Tampoco tendrán validez las decisiones arancelarias vinculantes, que son dictámenes administrativos sobre aspectos relativos a la mercancía -por ejemplo, qué tipo de producto se trata- que evitan discrepancias entre las aduanas de diferentes países comunitarios.
Gestión del IVA
Más compleja será la gestión del IVA, ya que el Reino Unido dejará de estar exento del pago de este impuesto, lo que podría llevar a abonos dobles, al tiempo que podría permitir las deducciones.
Contratos privados entre las empresas
El Brexit también afectará a los contratos privados entre empresas, por ejemplo, a la hora de determinar la ley aplicable –por regla general lo deciden las partes–, la jurisdicción en caso de discrepancia o la aplicación de las resoluciones judiciales –ahora mismo cualquier decisión de un tribunal de un país de la UE se aplica directamente en todo el territorio–.
De esta forma, desde el despacho de abogados recomiendan analizar la cadena de valor de la empresa y ver por donde pasan nuestros productos así como valorar qué implicaciones puede tener pasar a ser un tercero.
Y es que, tal y como afirmó el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el francés Pierre Moscovici, "mucho depende de la capacidad de las empresas que comercian con el Reino Unido para adaptarse rápidamente a las normas aduaneras que se apli- carán desde el primer día en caso de no alcanzarse un acuerdo entre las partes".
El gran peso de Londres
Otro de los focos de impacto que tiene la salida del Reino Unido pasa por el sector financiero, dado el relevante peso que tiene la City de Londres. En ese sentido, el economista Javier Santacruz en un encuentro de la IEAF ha explicado que debería preocupar cómo hacer la transición a otras ciudades, ante el volumen de operaciones del mercado que se gestionan desde Londres. Y, a su juicio, la solución va a pasar por lograr un marco de equivalencia regulatoria que, en la práctica, permita al sector financiero seguir operando en condiciones similares.
En cuanto a las opciones que puede tener España para atraer parte del negocio financiero que se mueva de Londres, Santacruz ha pedido mayor coordinación entre las distintas administraciones -central, autonómica y local- para trasladar un mensaje común.
