El soberanismo resucita el debate económico en favor de la secesión

El periodo previo al referéndum del 1 de octubre de 2017 fue acompañado de la publicación de múltiples estudios sobre las posibles ventajas económicas de la independencia de Cataluña, pero tras la consulta, el debate soberanista se centró en el nuevo escenario político, con medio gobierno catalán huído al extranjero y el otro medio procesado por la Justicia española.

Dos años después, vuelven a resurgir los análisis académicos de perfil soberanista centrados en las relaciones entre la economía y el independentismo. Dos ejemplos, a los que ha tenido acceso elEconomista, han sido publicados en la revista trimestral Regional Science Policy and Practice.

Uno de ellos va firmado por el profesor de Economía de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) Guillem López Casasnovas, junto a Joan Rosselló, de la Universitat de les Illes Balears, y defiende que la redistribución territorial entre comunidades autónomas en España perjudica al crecimiento de la economía. Así, aporta una justificación para poner fin a uno de los agravios clave que defienden las tesis independentistas: que Cataluña aporta más de lo que recibe, y que tras el reparto queda peor parada que otras comunidades que contribuyen menos.

Según el artículo, el sistema actual de redistribución territorial en España es perjudicial incluso para las regiones receptoras de las transferencias fiscales. Expone que, en teoría, se espera que las transferencias de las regiones ricas a las pobres aumenten el bienestar en las autonomías receptoras, pero sostiene que ello solo se cumple a corto plazo. El motivo: que la redistribución tiene un efecto negativo en el crecimiento de la tasa del PIB de las regiones ricas. Por tanto, a largo plazo, el PIB agregado español crece menos de lo que podría hacerlo con el impulso de las autonomías ricas, dado que "la tasa de crecimiento de la economía estatal depende de la productividad marginal de capital en las regiones ricas".

En conclusión, los recursos que les llegan a las autonomías pobres crecen a un ritmo menor que si no hubiese el sistema de redistribución vigente, de forma que, en un horizonte temporal infinito, el efecto negativo domina al positivo.

Por lo que respecta a las regiones ricas, el efecto de la redistribución es negativo tanto a corto como a largo plazo, porque la redistribución significa que una parte de los impuestos recaudados en la región rica no retorna en forma de inversión pública productiva.

En este estudio, que toma como referencia el periodo entre 2002 y 2016, solo seis autonomías se consideran ricas, según su clasificación: Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana. El País Vasco queda fuera, por su sistema de financiación, que no participa de la redistribución como las autonomías del régimen general.

Revive el déficit fiscal

Casasnovas es colaborador habitual de la Generalitat de Cataluña, y en su artículo aprovecha en su favor un argumento de otro economista de convicciones políticas contrarias con el que ha debatido en varias ocasiones sobre el déficit fiscal: Ángel de la Fuente.

Toma como referencia un artículo de 2004 en el que el economista director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) concluye que la inversión pública en infraestructuras en España para favorecer el equilibrio territorial -que ha conseguido una convergencia entre regiones- no ha seguido criterios de eficiencia, que se podría lograr invirtiendo más en algunas de las regiones más ricas y menos en algunas de las pobres.

Precisamente respecto al debate sobre el déficit fiscal, la Generalitat está ultimando la publicación de sus cálculos de las balanzas fiscales correspondientes a los años 2015 y 2016. Hace años que el gobierno catalán las actualiza periódicamente para esgrimir miles de millones de déficit fiscal del Estado con Cataluña, pero desde sus equipos técnicos critican que el Gobierno central está aplicando un "apagón de datos" estadísticos territorializados que complican la labor.

Casasnovas y Rosselló exponen en su artículo que ningún proceso de independencia se basa únicamente en intereses económicos, si bien "el maltrado económico es un argumento más para reforzar el resto". En este sentido, sostienen que una implicación política de sus resultados es que "las regiones donantes encuentran en el contexto español un argumento sólido para la secesión, especialmente en un marco donde los gobiernos regionales o los intereses regionales no están bien representados en las instituciones españolas para modificar el estado actual de las cosas".

Influencia de la crisis

El otro artículo de la misma revista que también trata sobre Cataluña recoge asimismo los argumentos de los defensores de la independencia para conseguir una mejora económica, y el deseo de autonomía fiscal. Sin embargo, pretende desmontar las tesis de que el independentismo catalán es fruto de la crisis de 2008, y que la mejora económica reduciría el número de sus partidarios.

Sus autores son el economista de la UPF y director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) Xavier Cuadras-Morató, junto a Germà Bel (profesor de la UB y exdiputado del Parlament por Junts pel Sí) y Toni Rodon (UPF y UOC, aunque elaboró el texto como postdoctorado en la London School of Economics).

Tras analizar el periodo 2014-2017, concluyen que la recuperación económica no ha influido en los apoyos al independentismo, si bien reconocen que la gran crisis económica jugó un papel en su auge, aunque también apuntan a la "crisis institucional" en España como motivo de peso.

Los autores exponen que el independentismo catalán tuvo su mayor crecimiento entre 2006 y 2015, y apuntan a un "techo" de máxima movilización en las elecciones de 2015.

Señalan que ningún patrocinador ha participado en el desarrollo de la investigación, que ha contado con financiación europea, así como del Ministerio de Economía español y de la Generalitat de Cataluña.