Barcelona
A pocos días de que se conozca la sentencia del procés, los empresarios catalanes temen la inestabilidad económica que podría acarrear y miran con miedo a un contexto que, además de inseguridad, produce incertidumbre.
No solo hay una clara parálisis en el Gobierno catalán, centrado en la perenne búsqueda de la independencia, sino que no hay un Gobierno estable en España, camino de unas nuevas elecciones generales por la incapacidad de la izquierda para pactar y formar un nuevo Ejecutivo.
Asimismo, cabe recordar que no hay presupuestos ni en España ni en Catalunya, y que el contexto macroeconómico de hace dos años es muy diferente al actual. Si en octubre de 2017 la economía crecía a nivel global, ahora hay síntomas de ralentización e incluso riesgo de recesión en las grandes economías europeas.
Respecto a la sentencia del procés, entidades y colectivos ya han anunciado protestas para cuando se conozca. De momento, el sindicato Intersindical-CSC ha convocado para el próximo viernes día 11 de octubre una huelga general de 24 horas en todo el ámbito catalán.
Aunque está enfocada a protestar contra la sentencia, las huelgas políticas son ilegales y por eso el sindicato la registró el pasado 30 de septiembre ante la Conselleria de Trabajo para pedir un salario mínimo de 1.200 euros y otros motivos laborales.
Paralelamente, los Comités de Defensa de la República (CDR) afirmaron el 1 de octubre -segundo aniversario del referéndum- estar preparados para "dar un decidido paso adelante" y hacer "temblar al enemigo". El mismo día 1 hubo protestas en diversas localidades catalanas, incluidas las cuatro capitales provinciales, con lemas como 1-O ni olvido ni perdón y Lo volveremos a hacer.
Asimismo, la ANC y Òmnium Cultural ya han anunciado marchas desde cinco puntos de Cataluña hasta Barcelona, que partirán una vez se conozca el fallo del Tribunal Supremo. El objetivo es "colapsar" la red viaria de Cataluña durante tres días, según sus impulsores.
A ello se ha sumado la iniciativa anónima Tsunami Democràtic, que prevé afectaciones en la movilidad durante tres meses con carácter "deslocalizado y progresivo", simulando la evolución de un tsunami, según las redes sociales.
Todo ello, sumado al aumento de la tensión entre los gobiernos autonómico y nacional, puede tener repercusiones nefastas en la economía regional y local, sufriendo en última medida, como siempre, los consumidores. "Una huelga tiene consecuencias negativas en todas partes", advierte Josep González, presidente de la patronal Pimec.
"Las huelgas acarrean paradas de producción, de ventas y repercuten en las cuentas de las empresas. Además, la parte obrera pierde parte del sueldo", añade. González tiene claro que "la del 11 de octubre sería una huelga política, hecho que puede complicarlo todo más, porque la sensibilidad ante la sentencia es alta y puede aumentar".
Aunque entrar a valorar las posibles consecuencias de una sentencia sería especular, ya que todavía se desconoce el fallo del Tribunal Supremo, el presidente de Pimec recuerda que "de momento, en Cataluña se han bloqueado autopistas y carreteras" y que movilizaciones de este tipo "provocan graves dificultades logísticas".
Desde Foment del Treball ya se han posicionado en contra de la huelga impulsada por la Intersindical-CSC. Salvador Guillermo, secretario general adjunto y director de Economía, ya ha advertido que "las huelgas deben tener carácter económico y social y las políticas están prohibidas".
Guillermo apunta que desde Foment la consideran "política" y han rechazado públicamente un paro de país como respuesta a la sentencia del 1-O. Como Foment, Pimec también rechaza el paro de país como represalia del independentismo a una sentencia.
Riesgos múltiples
Más allá de las repercusiones políticas y sociales que pueda tener el fallo del Supremo y las movilizaciones que los grupos independentistas y activistas quieran llevar a cabo, la economía y el consumo pueden verse igualmente afectados por el contexto político que rodea Cataluña y España, marcado por la falta de presupuestos en ambos gobiernos.
"Estamos delante de la tormenta perfecta. Vivimos una situación complicada que repercute muy negativamente en la economía y el turismo", explica Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, la unión de ejes comerciales de Barcelona.
Los hoteles de Barcelona todavía no han recuperado la rentabilidad previa al 1-O
De hecho, el PIB catalán ha crecido por debajo de la media estatal durante los últimos trimestres, y hoteles y apartamentos temen que las protestas políticas vuelvan a espantar al turismo cuando todavía hay indicadores que están por debajo de los de verano de 2017, como la rentabilidad hotelera.
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