Política

Las incógnitas del 'procés': ¿de verdad se puede repetir en Cataluña la historia del País Vasco?

Los presidentes vasco y catalán, Íñigo Urkullu y Quim Torra. Foto: EP

El reciente fallo judicial contra los líderes políticos del 'procés' catalán ha traído consigo el estallido de protestas, disturbios y choques violentos con las fuerzas de seguridad. Tras varios días de incidentes y un buen número de heridos de diversa consideración, empiezan a aflorar los paralelismos sobre lo que se ha ido fraguando en los últimos años en Cataluña y la violencia que durante décadas sacudió al País Vasco y al resto de España. En Directo | Reacciones y protestas tras la sentencia del procés.

Aunque son realidades diametralmente distintas hay ciertos puntos en común que alimentan esos temores: en ambos casos se trata de pulsiones soberanistas no resueltas, en ambos casos la sociedad está polarizada en dos visiones difícilmente reconciliables y en ambos casos la actuación de la Justicia y las fuerzas de seguridad pone de manifiesto el fracaso de la vía política.

El contexto de campaña electoral permanente en el que vive instalada la política nacional, con cuatro elecciones generales en apenas cinco años, ha hecho el resto. Casi podría decirse que plantear si hay similitudes entre el caso vasco y el catalán tiene que ver con la dialéctica de los respectivos partidos.

Así, unos hablan de presos políticos y exiliados, mientras otros hablan de políticos presos y huidos. Unos hablan de movimientos populares y democráticos, y otros de 'kale borroka' y violencia terrorista. De hecho, en el caso catalán se ha llegado a un extremo verbal que no llegó a darse en el caso vasco: no sólo se habla de 'desafío', sino directamente de 'golpismo'.

Violencia en la calle, políticos en la cárcel

La principal diferencia entre ambos casos resulta obvia: en el caso catalán no hay una organización terrorista asesinando a gente. La cuestión, temen algunos en los argumentarios políticos, es que pudiera volver a haberla. Una nueva Terra Lliure construida al socaire de las tensiones políticas y acrecentada por la tradicional violencia antisistema que lleva años apareciendo en Barcelona, da igual que sea por un desalojo o por la celebración de un título deportivo.

Esa diferencia es lo que hace que nada sea en realidad comparable. En ambos casos, es cierto, se ha encarcelado a líderes políticos por defender unas ideas fuera de la ley. Sin embargo, en el caso vasco se hizo partiendo de la lógica de que esa vulneración de la ley tenía que ver precisamente con apoyar la acción terrorista.

Dicho de otra forma, Arnaldo Otegi no estuvo en la cárcel por matar, sino porque la Justicia entendió que intentaba poner en marcha una organización política ilegal. El motivo: según la propia Justicia, la izquierda abertzale era la rama política de ETA y, por tanto, la misma ETA. Otegi era ETA.

En el caso catalán los políticos están en la cárcel por haber vulnerado la ley al tomar decisiones que no tienen cabida en las atribuciones autonómicas del Parlament. No estaba en su mano declarar la independencia, ni poner a trabajar a las instituciones al servicio de un objetivo político que no había seguido los trámites fijados por la Constitución para poder llevarse a cabo. Juan José Ibarretxe, que sí los siguió, jamás fue inhabilitado. Juan María Atutxa, que se negó a disolver en el Parlamento a una formación ilegalizada, sí -injustamente, según la UE-.

Podría sintetizarse, por tanto, en que en el caso vasco toda la acción de la Justicia derivaba de la existencia de un grupo terrorista. Así, cualquier organización política, social o cívica cuyas actividades o intereses convergieran de alguna forma con ETA pasaban a considerarse parte de ETA, y por tanto, ilegales y punibles. De ahí devinieron cierres de medios de comunicación, encarcelaciones de gente sin delitos de violencia o ilegalizaciones de formaciones políticas. Todo era susceptible de ser ETA.

En Cataluña, a falta de una organización terrorista, lo que se persigue es o bien la vulneración de la ley -en el caso de los políticos- o las acciones violentas -en el caso de los disturbios-.

Tener una ideología no es delito, pero llevarla a cabo -o la forma en que se lleve a cabo- sí puede serlo. Al menos mientras la violencia no dé un salto de intensidad y, sobre todo, pase a estar organizada. Llegados a ese punto los supuestos podrían volver a cambiar, aunque la historia, por fortuna, es difícil que pueda repetirse.

WhatsAppTwitterTwitterLinkedinBeloudBeloud