El debate sobre la introducción de una renta básica en España se ha puesto en los últimos años en el foco mediático y en el centro del debate político como un instrumento capaz de recortar las brechas sociales abiertas en periodos de destrucción de riqueza y del Estado de Bienestar como fue la última crisis económica de 2008. "Es urgente acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas", arroja en una de sus conclusiones el estudio Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica publicado por el Observatorio Social "la Caixa".
El documento, cuya elaboración ha sido capitaneada por el economista y exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, no especifica las cuantías que debería recibir los beneficiarios de la medida ni tampoco el coste para las arcas del Estado que tendría la misma –a diferencia de otras propuestas similares como el del AIReF o el presentado por los sindicatos en el Congreso de los Diputados en los que se habla de un horquilla que iría desde los 7.000 hasta los 10.000 millones de euros con más de un millón de potenciales beneficiarios- pero sí atestigua la necesidad de incorporar algún tipo de instrumento en esta lucha contra la pobreza ya que "los mecanismos tradicionales del Estado de Bienestar español, vinculado a trayectorias laborales estables y a fuertes elementos contributivos a través del sistema de pensiones, han dejado a numerosos colectivos sociales excluidos de su campo de protección". Aquí, se habla concretamente del 34% de los parados de larga duración que no logran reincorporarse al mercado, el 26,6% de la población en riesgo de pobreza o exclusión social, los tres de cada diez menores de 16 años que viven por debajo del umbral de la pobreza o ese 13% de empleados que, pese a estar remunerados, se encuentran en estos límites de pobreza.
"Este trabajo aporta un granito de arena al debate, no pretende suplir la labor de los poderes legislativos", contestaba Jordi Sevilla a la prensa al ser preguntado por la cuantía específica de las ayudas y los requisitos para acceder a la misma. De hecho, el actual Presidente de Red Eléctrica de España señala que la cuestión central es la "necesidad" de llevar a cabo un debate con la participación de todos los agentes sociales sobre los términos para la introducción de algún tipo de ayuda ya sea renta básica, ingreso mínimo, complemento salarial o imposición negativa sobre la renta.
Del mismo modo, el director general de la Fundación Bancaria "la Caixa", Jaume Giró, señalaba al respecto de lo difuso de las líneas del estudio que "el debate en España en este momento es que se están incrementando los niveles de pobreza y las desigualdades, además de unos niveles de paro que aún no se encuentran en cifras previas a la crisis. Por lo que habrá que hacer algo al respecto", aseguraba añadiendo que el debate no está en las cuantías.
Una propuesta a través del IRPF
El estudio presentado este miércoles realiza un análisis pormenorizado de algunas estructuras que ya se encuentran vigentes en otros países para confluir en una propuesta para el caso español –ideada por el propio Jordi Sevilla- sin especificar ni profundizar en cuantías de las ayudas ni su impacto presupuestario pero sí proponiendo una baremación en base a los tramos de renta declarados en el IRPF.
"Nuestro sistema tributario es menos progresivo de lo que debería y nuestros mecanismos de lucha contra las nuevas necesidades sociales y formas de pobreza son insuficientes", explica Jordi Sevilla para proponer la recuperación de la obligación de declarar cualquier tipo de renta por baja que sea para así obtener un cuadro completo de rentas en el país y poder situar una barrera: por debajo de esta las rentas serían beneficiarias de este tipo de ayudas o complementos y por encima de ellas estaríamos hablando de contribuyentes netos.
Todo ello, sustentado en el hecho de que España es, junto con Italia, el país de la Unión Europea con menos transferencias netas para el decil más pobre. Siendo en España la totalidad de los deciles, salvo el más rico, los que reciben más transferencias netas de las que aportan, mientras que en otros países como Finlandia, Alemania o Dinamarca los contribuyentes netos al sistema empiezan en la clase media. Apunte al que hay que añadir que, según datos de la OCDE, el 20% de la población más rica en España gana seis veces más que el 20% más pobre.
