España lleva cuatro años inmersa en una inestabilidad política que está deteniendo la adopción de reformas. En materia de pensiones, ese retraso supone un agravamiento del problema, porque el desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social se ensancha. Se trata de una demora que no nos podemos permitir, ya que las proyecciones demográficas y financieras siguen su curso mientras cada vez hay menos tiempo para atajarlas y máxime cuando se trata de un tema tan sensible al que hay que llegar por consenso y con una estrategia perdurable en el tiempo.
Como explica el presidente de la Fundación de Activos de Gran Experiencia (AGE), Tomás Arrieta, "cuanto más se tarde en plantear y acordar más grande será el problema". Arrieta lamenta la incertidumbre en la que viven los trabajadores próximos a la jubilación y el hecho de que "si no se dan las circunstancias ni de poder conformar un gobierno, como para abordar el asunto de las pensiones... que precisamente requiere de consensos", indica.
Por su parte el profesor del CEF Juan Fernando Robles cree que "el que no exista un Gobierno con apoyo parlamentario estable condiciona cualquier negociación sobre pensiones, ya que mantiene a las fuerzas políticas en constante campaña electoral y dificulta los pactos de Estado necesarios para encauzar el déficit en las pensiones y su sostenibilidad a largo plazo".
Además, el problema es que la patada hacia adelante que la clase política está dando a la reforma de las pensiones ya dura seis años, desde la reforma de 2013. Como explica el economista Miguel Ángel Bernal, "España lleva prácticamente cinco años sin tomar medidas sobre los desajustes de nuestra economía y en el tema de las pensiones casi seis años". Resalta que desde la OCDE, Bruselas, AIReF o el mismo Banco de España lleva tiempo reclamándose la adopción de medidas para apuntalar el Sistema.
También el profesor de Economía de la UAH Juan de Lucio muestra su preocupación por la suspensión de la toma de decisiones en materia de pensiones y explica que "en este contexto político solo cabe esperar incrementos del gasto en pensiones muy superiores al crecimiento de la economía y una ampliación del déficit estructural en materia de pensiones".
En el mismo sentido, la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Rocío Gallego destaca que el constante crecimiento del gasto en pensiones exige una respuesta seria, planificada y consensuada de la sociedad que no puede verse supeditada a la parálisis política que el país lleva sufriendo en los últimos años. Por otra parte, Gallego previene contra las acciones electoralistas y el abuso de la figura de los Decretos-ley, no adecuada para el sistema de pensiones porque suponen parches en vez de la necesaria reforma estructural. Es decir, que las decisiones sobre pensiones deberían aislarse de formatos como los viernes sociales del partido socialista.
Así, España afronta ahora unas nuevas elecciones, el 10-N y previsiblemente unas nuevas negociaciones para formar Gobierno, un proceso que va a demorar aún más la reforma del Sistema cuando cada vez está más cerca la jubilación de la generación del baby-boom y siguen ingresando en el colectivo de jubilados nuevas pensiones cada vez más altas. Ello se une a un contexto de desaceleración económica que hará más acuciantes los desequilibrios de la Seguridad Social. Por eso los expertos demandan de nuestra clase política un mayor compromiso con una reforma ineludible.
