Con la economía alemana llamando a las puertas de la recesión, al Gobierno de Merkel no le ha quedado más remedio que reaccionar preparando un paquete de estímulos que podría ascender a 50.000 millones de euros y que iría destinado a impulsar la demanda. Sin embargo, una medida de tal calado tendría que pasar por el Parlamento, por lo que no sería a corto plazo, y fuentes del Gobierno desconfían que tengan un efecto exitoso sobre la producción industrial y la protección del empleo.
La entrada en contracción de la economía alemana ha provocado una auténtica reacción en cadena. En el mismo día, economistas, analistas y el propio sector privado reclamaron al Gobierno que abrieran la cremallera del gasto público para invertir en la industria alemana, la más castigada por la guerra comercial y la incertidumbre del Brexit. El viernes ya había rumores de que Berlín estudiaba medidas de estímulo económico y este fin de semana el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, reconoció que el país estaba en disposición de inyectar hasta 50.000 millones de euros a la economía si fuera necesario.
Sin embargo, en las actuales condiciones es muy pronto para que Berlín tenga previsto anunciar medidas inminentes, a pesar de que los datos y previsiones se van acumulando, un día tras otro. Hoy el Bundesbank ha reconocido que la economía germana también se va contrayendo durante este tercer trimestre, con lo que de confirmarse Alemania entrará oficialmente en recesión el próximo mes de septiembre.
Berlín solo está dispuesto a actuar en caso de que se produzca una profunda recesión, según informa Bloomberg. Algo que está lejos todavía de producirse mientras se mantenga a flote la demanda interna, sostenida por el sector servicios, y el mercado de trabajo siga ofreciendo tasas de crecimiento.
Aunque el estado de la economía inquieta a Berlín, la situación no es tan grave como para que el Gobierno de coalición entre los Demócratas Cristianos (CDU) de Angela Merkel y los socialdemócratas de centro izquierda (SPD) asuman el alto coste político que supondría saltarse la regla de oro de equilibrio presupuestario que fue adoptada en 2009.
A la canciller todavía le llueven las críticas de aprobar en plena crisis económica el mayor paquete fiscal de 80.000 millones de euros desde la II Guerra Mundial, cuando la economía se desplomaba un 5%. La hiperinflación vivida en la Républica de Weimar todavía sigue muy presente en la sociedad alemana.
La actual regla de oro fiscal mantiene el aumento del gasto lejos de los 50.000 millones prometidos
Tras aprobar estos incentivos, hubo un consenso generalizado entre las dos principales fuerzas políticas para evitar un nuevo dispendio en el futuro blindando el gasto público en la Constitución. La deuda federal neta solo puede aumentar solo al 0,35% del PIB con la economía creciendo. En caso de contracción sería al 0,5%, el Gobierno estaría autorizado en aumentar la financiación en 3.500 millones adicionales. Unas cifras que quedan muy alejadas de los 50.000 millones apuntados por Scholz.
La carrera de obstáculos políticos para aprobar un programa de tal calado es largo y tortuoso. El Gobierno requiere que la cámara baja del parlamento declare formalmente crisis para poder endeudarse más allá de los límites legales que fija la constitución. Sin que la recesión haya llegado a la calle y se note en la sociedad, parece difícil justificar un consenso político que vaya en esta dirección. Y más teniendo en cuenta que las previsiones de Berlín son de recuperación para final de año.
Llegado el caso, según Bloomberg, el programa de estímulos económicos estaría diseñado basándose en el plan de rescate de 2009. El Estado aumentaría su emisión de bonos para estimular la demanda interna y evitar una escalada del paro. Berlín plantearía incentivar la inversión en mejorar la eficiencia energética de los hogares, la contratación laboral a corto plazo y aumentar los márgenes de protección social.
Sin embargo, la agencia subraya que todavía existe reticencias dentro del Ejecutivo de Merkel para comenzar a mover el plan de rescate. En las actuales condiciones, creen que los estímulos solo provocaría un aumento de las importaciones dañando aún más la balanza comercial y fomentarían aún más el ahorro de las familias.