
El panorama financiero de las autonomías es sombrío. La falta de Gobierno y la prórroga presupuestaria impiden que tengan acceso a unos 7.500 millones de euros que les corresponderían para este 2019. Esto pone muy cuesta arriba, casi imposible, que se puedan cumplir los objetivos de estabilidad para este 2019, sobre todo teniendo en cuenta que el déficit de las regiones es ya un 13% superior al del año pasado.
Así lo indican los últimos datos del Ministerio de Hacienda, que corresponden a mayo, que precisan que el déficit autonómico supone ya unos 4.321 millones, una cifra equivalente al 0,34% del PIB, cuatro décimas más que en 2018. Las que más números rojos tienen en sus cuentas son Baleares (con un déficit del 1,27% regional), Extremadura (0,97%), Murcia (0,84%) y Castilla-La Mancha (0,74%).
Y las perspectivas no son buenas. Los escasos avances en las negociaciones para la formación de Gobierno por parte del PSOE para reeditar la presidencia de Pedro Sánchez -así como las disputas entre los socialistas y Unidas Podemos, socio fundamental para que pueda fructificar una eventual investidura en septiembre- hacen peligrar que las regiones puedan recibir los anhelados 5.000 millones que corresponden al incremento de las entregas a cuenta de este año, pero que no se pudieron ingresar en las arcas autonómicas por el rechazo del Congreso al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de los socialistas en febrero.
Desde entonces, según indican desde el Ministerio de Hacienda, se lleva trabajando en una fórmula para hacer este ingreso a las regiones. Y apuntan que ya se habría encontrado una solución en colaboración con la Abogacía del Estado, con la que el departamento lleva trabajando para solventar este problema desde antes de las elecciones generales del 28 de abril. Se trataría de un real decreto-ley que permitiría, por primera vez en la democracia española, entregar estas partidas fuera de los Presupuestos. Sin embargo, para ello, es necesario que el Gobierno esté en plenas facultades. De hecho, es lo primero que se hará si el Ejecutivo de Pedro Sánchez sale adelante, según han indicado tanto María Jesús Montero como José Luis Ábalos, ministros de Hacienda y Fomento en funciones, respectivamente.
De hecho, Montero reconoció este martes que conoce las dificultades de todas las comunidades para elaborar sus presupuestos para 2020 y que incluso es "cosufridora" con ellas de la situación que atraviesa el país por no tener un Gobierno "en pleno rendimiento".
El problema del IVA
A los 5.000 millones citados hay que sumar la pérdida de 2.500 millones más que, salvo milagro legislativo, las regiones no cobrarán este 2019. Esta cantidad corresponde a un mes entero de recaudación por IVA que las autonomías perderán por un cambio aplicado en el sistema contable de este impuesto por Cristóbal Montoro en el último mandato del Partido Popular.
El Gobierno pretendía solventar el problema a través del proyecto de Presupuestos. Pero el que la iniciativa quedara en la cuneta dejó al Ejecutivo sin solución para este problema en este año. De hecho, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Ministerio de Hacienda ya ha confirmado que las autonomías no recibirán ni un euro de los citados 2.500 millones en 2019, un problema que también impacta a las entidades locales, que por cierto, tienen que despedirse de unos 500 millones.
La AIReF considera que es "muy improbable" que las CCAA puedan cumplir con los objetivos de estabilidad
En total, el impacto en las comunidades de la pérdida de la recaudación es de dos décimas del PIB regional conjunto, aproximadamente. Donde más daño hace es en Extremadura, donde se pierden recursos por valor del 0,4% del PIB autonómico, seguida de Cantabria, que pierde 0,32% de su PIB, y Andalucía y Galicia, que se despiden de ingresos por valor del 0,29% de su PIB.
Pero el problema real es que la mayoría de las comunidades contó con ingresar el IVA completo en la elaboración sus presupuestos de 2019, con la excepción de Aragón, Canarias, Extremadura y Madrid. Esta es una de las principales razones por las que la AIReF considera que es "muy improbable" que puedan cumplir con los objetivos de estabilidad de este año.
Sin tomar medidas
Además, la situación del país no ha ayudado a poner freno a la situación. En periodo preelectoral, muchas autonomías han acometido incrementos de gasto, sobre todo en personal, a pesar de tener presupuestos prorrogados. Además, precisamente por la cercanía de los comicios y la lucha partidista, en regiones como Castilla y León o Castilla-La Mancha no se han podido aprobar nuevas Cuentas.
Por lo pronto son solo dos las regiones que han puesto sobre la mesa medidas concretas para afrontar la situación. Por un lado, Canarias: su recién llegado presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, ya ha anunciado recortes en el gasto por valor de unos 140 millones, y se espera que promuevan nuevas iniciativas en este campo. Por el otro, la Generalitat de Cataluña ha ordenado a todos los departamentos y entidades del sector público un ajuste del 6% en su gasto en lo que queda de año. Todo ello, según ambas administraciones, para evitar un posible incumplimiento de la regla de gasto y de déficit excesivo.
Mientras, el resto de las comunidades autónomas lanza la voz de alarma, aunque todavía no se ha puesto manos a la obra. Por ejemplo, Galicia alerta de que la situación puede incluso llegar a condicionar el pago de las nóminas y Cantabria ha creado un grupo de trabajo para el seguimiento de la ejecución presupuestaria, pero no han tomado aún medidas, o recortes, sobre el terreno.