Las empresas del Ibex 35 provisionan cada año en torno a 12.000 millones de euros para hacer frente a los litigios. Se trata de una cifra superior a lo que reservaron los Presupuestos Generales del Estado para infraestructuras en 2021, según las conclusiones de un manual sobre el sistema judicial, economía y prosperidad en España, publicado por Tecnos, bajo el título La Factura de la Injusticia, del que es autor el economista Juan S. Mora-Sanguinetti, y que cuenta con prólogo del ex fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce e introduce la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas.
Los retrasos de la Justicia cuestan mucho dinero. Los procedimientos civiles (en primera instancia y primera instancia e instrucción), los que afectan a empresas y ciudadanos, necesitaban 283 días para su resolución en 2002.
En 2019 se necesita prácticamente el mismo tiempo (285 días) y en 2020, el primer año de la pandemia por Covid-19, la duración se disparó hasta los 354 días. Entre medias, en 2014 se logró el mínimo de 204 días. Ese estancamiento general se da también en las distintas comunidades autónomas analizadas por separado.
No se puede olvidar que estas provisiones son un seguro importante en lo que al impacto sobre la reputación de las compañías se refiere. Lo que sí que queda claro, es que una mejor Justicia también implicaría que las provisiones realizadas por las grandes empresas puedan ser menores, lo que se traduciría en mayor competitividad del sistema empresarial español.
Mercado del arrendamiento
Así, destaca que la mejora de un solo punto en la congestión judicial podría, por ejemplo, reducir en un solo punto porcentual del atasco judicial en la podría traer a Madrid 3.400 viviendas alquiladas más o 3.100 a Barcelona (y sin necesidad de regular el mercado) solucionando la vida de muchos jóvenes y demandantes de empleo.
Estima Mora-Sanguinetti que el problema de la vivienda en alquiler es muy importante en España. Desde hace mucho, al menos desde la década de 1970, el mercado de alquiler ha ido perdiendo peso en nuestro país.
Si se analizan los datos censales, ya en ese mismo año, el 63,4% de las viviendas lo eran en propiedad y esa proporción superaba el 80% al inicio del presente siglo. Por una parte, los informes sobre el sector concluyen que un mercado de alquiler muy débil se relaciona con una menor movilidad de personas y trabajadores.
De otra parte, un mercado de alquiler amplio puede ser deseable en tanto que puede evitar una concentración excesiva de recursos económicos en el sector de la construcción.
El autor se queja de la falta de estudios y análisis que hay sobre los costes económicos de los retrasos en la Justicia de fuentes oficiales y se refiere a un informe de 2017 de Llorente y Cuenca, como único precedente, aunque no cree, que dada la trayectoria que ha seguido el sistema judicial en los últimos años, las cifras hayan variado mucho, máxime cuando "las grandes empresas cotizadas están cada vez más judicializadas".
Conflictos tributarios
En este informe se apreciaba que una gran parte se dedica a posibles conflictos relacionados con la tributación, ya sea en España o por las operaciones que tienen las empresas españolas en el extranjero. Pero también son importantes las reservas dedicadas a posibles arbitrajes internacionales o a futuros litigios medioambientales, que pueden ser relevantes en las empresas del sector de la energía.
Explica el autor, que ya en 2019, el ultimo año previo a la pandemia por Covid-19, el sistema judicial tenia capacidad para resolver solamente uno de cada 1,8 casos pendientes, mientras que en 2020 esa relación era ya de uno de cada dos, según los datos de la OCDE y de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, que a su vez, han venido basándose en el extinto informe Doing Business del Banco Mundial.
Y añade Mora-Sanguinetti, que "uno de los legados de largo plazo de la pandemia será probablemente un empeoramiento de la congestión judicial, tal y como ocurrió en la ultima gran recesión".
Tiene un coste parecido para los ciudadanos al del resto de países europeos
La Justicia española emplea un tiempo parecido a la media de los países europeos en resolver un procedimiento. Además, nuestro sistema, aunque no sea barato, tiene un coste parecido para los ciudadanos al del resto de países europeos.
Sin embargo, el sistema judicial español está permanentemente aquejado de algunos grandes problemas que podrían quedar escondidos detrás de esos simples promedios.
A pesar del innegable aumento de riqueza y bienestar de España en las últimas décadas, que se ha reflejado de forma notable en otros servicios públicos (como, por ejemplo, en cómo funciona Hacienda), el sistema judicial no ha mejorado de forma paralela.
España es un país que genera una alta litigación
En España hay en realidad varios sistemas judiciales: no funciona igual, por no estar igualmente dotado de recursos por conflicto, por ejemplo, el sistema judicial del País Vasco o el de Castilla y León que el de Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña (estas mucho más pobladas y litigiosas).
Además, España es un país que genera una alta litigación y que esto arrastra a los juzgados una alta carga de trabajo, sometiendo al sistema a un estrés permanente para los recursos que tiene. La litigación, tanto respecto de la población como respecto de la riqueza es, de hecho, cada vez mayor.
Mora-Sanguinetti hace un recordatorio de que en el sistema judicial necesitan más medios (más presupuesto), pero en esa inversión debería primar la digitalización.
"El libro efectúa un corte de corteza esencial en el corazón de la Justicia en España desde la perspectiva de sus costes, interrogándose con amenidad y erudición, con frecuencia a través de un sistema de preguntas, respecto de las muchas cuestiones, de las numerosas aristas del problema y lo hace con datos y conocimientos, empleando el bisturí para separar los meros datos de las realidades y proponiendo soluciones allí donde tiene las certezas de encontrarlas", resume el exfiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, sobre la importancia del este manual: 'La Factura de la Injusticia'.
"Hay que agradecer a Mora-Sanguinetti y hemos de felicitarnos todos por su bien hacer, por esta sobresaliente publicación, que con tanta claridad expositiva como rigor análitico disecciona, con una metodología de análisis económico los problemas de nuestro sistema judicial", afirma María Emilia Casas, expresidenta del TC.
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