Madrid
En tiempos de crisis, la opción de postularse para un trabajo en el sector público gana atractivo. La coyuntura dibujada por la pandemia de Covid-19 -en 2020 se perdieron 622.200 empleos- ha espoleado el interés por las oposiciones. Más teniendo en cuenta que las restricciones impuestas implican pasar mucho más tiempo en casa, tiempo que podría dedicarse al estudio.
Sin embargo, la propia naturaleza de las restricciones provocó en 2020 la posposición de buena parte de las pruebas previstas. Tal fue el caso de las oposiciones a profesorado, que el año pasado aspiraba a cubrir cerca de 28.000 plazas en toda España. Este año, con la experiencia de las pruebas de acceso a la universidad de 2020 como referencia posible, sí habrá exámenes. De acuerdo con los números de CSIF, hay 31.537 plazas en juego, un 13,4% más que el año pasado.
La tasa de interinos promedia el 24%, cuando no debería superar el 8%
El grueso, casi 25.000 plazas, corresponden a Educación Secundaria. Le siguen en número la oferta para profesores técnicos de Formación Profesional, con más de 3.700 vacantes, y maestros, con poco menos de 1.500. Por comunidades autónomas, destaca Andalucía, con 6.258 plazas docentes, seguida de Cataluña (5.110), Madrid (3.754) y Comunidad Valenciana (3.562).
Si tenemos en cuenta la población, Islas Baleares destaca por su oferta de empleo público de enseñanza no universitaria con una ratio de más de 1.350 plazas por 100.000 habitantes. Según este criterio, las CCAA con más oferta, tras el archipiélago, son Cantabria (455 plazas por 100.000 habitantes), Cataluña (384), Madrid (368) y Castilla y León (297). ¿Son bastantes?
A juzgar por las ratios de interinidad actuales, no. Cabe señalar que Gobierno y sindicatos firmaron en 2017 un acuerdo de mejora del empleo público que, entre otras prioridades, aspiraba a reducir la proporción de interinos al 8%. Como señalan desde UGT, esta tasa actualmente está en el 24%, siempre hablando de docencia no universitaria.
La situación de excepcionalidad que supone la pandemia ha evidenciado, explican desde la organización sindical, las carencias del sistema: "Los recortes y la falta de inversión en educación, el aumento de las ratios alumnado-profesor, el incremento en las horas lectivas del profesorado, la supresión de apoyos educativos para el alumnado, la precariedad en la contratación del profesorado y el aumento de jornadas parciales han debilitado un sistema público que debería ser prioritario para el país".
Además, en los momentos de crisis el personal interino suele ser la primera víctima en el ajuste de las plantillas, ante la práctica imposibilidad de despedir a funcionarios. En palabras de Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical de ANPE, las CCAA que más despidos sufrieron o que más recortaron sus plantillas fueron aquellas que tenían un porcentaje más alto de profesorado interino. "Lo que queremos es que estas plazas salgan a concurso de oposición, se consoliden como empleo estable. Creemos que es la mejor opción y que, mayoritariamente, el interino quiere que haya oposiciones porque está cansado de esa inestabilidad que tiene no solamente en el destino que ocupan sino en el propio puesto de trabajo".
Refuerzo insuficiente
La situación de pandemia, además, ha generado necesidades extraordinarias. El retraso en la convocatoria, explica Ramón Izquierdo, hace que no solamente falten quienes van a cubrir las plazas definitivas, "sino bolsas de interinos de aquellos interesados en trabajar en determinadas especialidades para cubrir las vacantes que pueden surgir durante el curso, que ahora con la pandemia están siendo un poco más altas que en cursos pasados".
Los sindicatos se quejan de que la contratación de interinos ha desvirtuado su propósito original, que es el de cubrir eventualidades de funcionarios con puesto fijo, como enfermedades, excedencias o comisiones de servicio. En cambio, denuncian, se emplea en la actualidad para cubrir sistemáticamente vacantes que no se ofertan como empleo público.
Desde UGT añaden que las medidas adoptadas al comienzo de curso para hacer frente a la pandemia propiciaron el refuerzo de las plantillas docentes con alrededor de 40.000 profesionales. Sin embargo, a juicio de este sindicato, "se deberían haber reforzado con 70.000 docentes (el 10% de las plantillas de la enseñanza no universitaria). El aumento en la contratación de estos meses ha dejado los listados de sustituciones del profesorado interino bajo mínimos, provocando que las listas de algunas especialidades se agotaran". Por su parte, CCOO apunta que serían necesarias 98.000 plazas para reducir la interinidad al 8%.
Hay que recordar que la necesidad urgente de reforzar las plantillas motivó que el Gobierno relajara el pasado mes de septiembre algunos de los requisitos para poder contratar a dicho personal interino. En concreto, se permitió a las Administraciones educativas nombrar funcionarios interinos -para los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y profesores de escuelas oficiales de idiomas- que no estén en posesión del máster o formación equivalente cuando no sea posible nombrar a candidatos que estén en posesión de dicho máster.
A estas dificultades se añade la propia organización de las pruebas de oposición en condiciones que garanticen la seguridad de examinandos y tribunales. Desde CCOO reclaman medidas como la reducción del número de opositores por tribunal -lo que ya está en marcha-; el aumento del número de tribunales y de sedes para evitar aglomeraciones y reducir desplazamientos; garantizar espacios con ventilación y distancia de seguridad; establecer protocolos para opositores y tribunales; fijar fechas comunes para toda España, o establecer tanto permisos por desplazamiento como condiciones para que quienes estén en cuarentena, enfermos, en gestación, etc., puedan tomar parte en las pruebas.
En este sentido, el antecedente de las pruebas de acceso a la universidad (EBAU o EvAU, según comunidades) en 2020 deberían servir de guía. Estos exámenes se celebraron el año pasado en el mes de junio y julio, con la desescalada en ciernes. Entre las medidas adoptadas para garantizar la salud figuraban la entrada escalonada a los espacios -se habilitaron recintos como los poliderportivos para cumplir el distanciamiento-; el uso de mascarilla; la prohibición de compartir material; refuerzos en los transporte o controles de afluencia en los centros designados.
Un día a día arriesgado
Superar las oposiciones es solo el primer paso. La actividad de dar clase plantea retos añadidos en un mundo marcado por la pandemia. En principio, los datos son esperanzadores. A comienzos de febrero, en plena tercera ola -aunque con la incidencia a la baja-, las aulas confinadas por casos de Covid-19 no llegaban al 2%, según la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá. A finales de mes, el presidente Pedro Sánchez elogiaba en la sesión de control al Gobierno la labor del profesorado, a la vista de la baja incidencia de la enfermedad en los colegios españoles: un 0,7%.
Pese a todo, los colegios constituyen el quinto espacio con mayor número de brotes: 3.969 de los más de 38.000 que ha contabilizado Sanidad. Por su parte, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STEs) cifraba en 6.000 las aulas cerradas en toda España en enero como consecuencia de los contagios.
"Echamos en falta un poquito más de empuje de las Administraciones educativas, pero sobre todo, la coordinación y el liderazgo del Ministerio de Educación"
Algunos sindicatos señalan que la gestión de la pandemia se ha dejado mayormente en manos de los centros educativos. "Los medios los está poniendo fundamentalmente el profesorado, porque los protocolos llevan sin actualizarse desde el mes de septiembre. El profesorado sigue enfrentándose con 25 alumnos cuando las medidas están permitiendo un máximo de 4-6 personas según los territorios...", señala Ramón Izquierdo (ANPE). Hay bastante consenso entre organizaciones sindicales en cuanto a las demandas de medidas en esta área: refuerzo de los sistemas de calefacción en los centros educativos; instalación de medidores de CO2 y de purificadores de aire con filtro HEPA en todas las aulas, y suministro de mascarillas FFP2 para todo el profesorado son algunos ejemplos. José María Ruiz Herranz (CCOO) llama la atención, además, sobre la necesidad de incidir más en la adaptación del puesto de trabajo en situaciones de mayor vulnerabilidad, por contraposición a las bajas.
Al margen de las medidas destinadas a prevenir la expansión de la pandemia, la modulación de la enseñanza y el auge de la educación online y semipresencial hace necesario poner el foco en los medios a disposición de los docentes.
En este sentido, de nuevo parece primar el criterio de las comunidades autónomas y, en última instancia, los centros educativos. "Está claro es que el profesorado está mejor preparado ahora de lo que estaba en marzo del año pasado. Es cierto que muchas CCAA están haciendo formación, han creado plataformas digitales, pero aún queda mucho por hacer. Muchas veces es el propio profesorado el que está buscando esa formación para el uso de las plataformas, consciente de que esto es una necesidad real y que la enseñanza a distancia se está usando", señalan desde ANPE. "Echamos en falta un poquito más de empuje de las Administraciones educativas, pero sobre todo, la coordinación y el liderazgo del Ministerio de Educación. Está haciendo una dejadez de funciones muy grande, no está coordinando estos movimientos y al final cada CCAA está haciendo lo que cree oportuno. Debería marcar unas pautas básicas y sobre todo asegurar que no haya desigualdades entre territorios no solo por el profesorado sino, fundamentalmente, por el alumnado".
El Gobierno anunció el pasado 27 de enero tres planes para impulsar la digitalización de pymes y Administración pública y reforzar las competencias digitales, que movilizarán 11.000 millones de euros entre 2021 y 2023. Una de las líneas maestras del Plan Nacional de Competencias Digitales es, precisamente, la "digitalización de la educación". Según la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa), esta iniciativa destinará 1.000 millones para formación online y herramientas para el profesorado. En consecuencia, se instalarán ya, para el próximo curso, 236.000 aulas interactivas (el 50% de las aulas totales): espacios híbridos que combinan la docencia presencial y la retransmisión en directo de todo lo que el docente está trabajando en el aula.
Plan de vacunación
Cuando se declaró el estado de alarma por primera vez en 2020, se suspendió la actividad educativa presencial en todos los ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza. En mayo comenzó la reapertura gradual, y en septiembre se establecieron con carácter general las condiciones para garantizar la seguridad del curso actual 2020-21.
Una cuestión crucial es la consideración de los docentes como trabajadores esenciales sobre todo con vistas a la estrategia de vacunación diseñada desde del Gobierno. En un primer momento, el personal educativo se incluyó en el grupo noveno, justo por detrás de las "personas con trabajos esenciales".
La tercera actualización de la estrategia -del 9 de febrero- reorganiza a la población en cinco grupos y establece un sexto de "colectivos con una función esencial para la sociedad", encabezado por los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Este Grupo 6 eleva, pues, la prioridad de los docentes y personal de educación infantil y especial, y, en segundo término, la de los de educación primaria y secundaria.