El Grupo Dia ha llevado a la Fiscalía las irregularidades contables que llevaron a la compañía a reformular la cuentas de 2017, tras terminar una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos. El auditor de las cuentas hoy ha indicado que se han detectado comportamientos irregulares entre empleados y directivos en Brasil y España respecto a los pagos a proveedores. La denuncia apunta directamente Ricardo Currás, consejero delegado hasta mediados de 2018, su sucesor, Antonio Coto, que también fue responsable en Brasil, y Amado Sánchez Falcón, antiguo director financiero del grupo.
Los supermercados Dia ha desvelado más detalles sobre el agujero contable que provocó que la nueva directiva reformulara las cuentas de 2017 y que explica parte de las pérdidas anunciadas hoy.
La compañía ha informado que a lo largo de los últimos meses ha llevado a cabo una investigación con el objetivo de esclarecer los hechos que han dado lugar a determinados ajustes contables en las cuentas de 2017.
Esta mañana ya en su auditoría que acompañaba a las cuentas, se detallaba que durante el ejercicio 2018 se habían identificado prácticas contables irregulares tanto en España y Brasil en lo referente al pago a proveedores. KPMG, auditor de la empresa, indicaba que el grupo puso en marcha una investigación que puso de manifiesto la existencia de prácticas contables irregulares, llevadas a cabo por determinados empleados y altos directivos de España y Brasil, eludiendo los controles internos establecidos por el Grupo.
Asimismo, resaltaba que se está revisando importe de los descuentos que venían siendo aplicados al pago a proveedores. "Existe un riesgo de incorrección en el importe de gasto neto por consumo de mercaderías registrado en el caso de que el descuento aplicado no se corresponda con las condiciones efectivamente acordadas con el proveedor. En estas circunstancias, el adecuado reconocimiento del citado gasto requiere que la Sociedad estime con fiabilidad el grado de cumplimiento de las condiciones que dan derecho al descuento", destacaba el auditor.
La investigación apunta directamente al ex consejero delegado Ricardo Currás, que dirigió la compañía durante diez años hasta agosto de 2018 cuando fue cesado por unanimidad por parte del Consejo de Administración, al también ex consejero delegado Antonio Coto, que sustituyó en el cargo a Currás durante cuatro meses y fue responsable de Dia en Brasil y Argentina, y Amado Sánchez Falcón, antiguo director financiero del grupo, que fue suspendido de empleo y sueldo el pasado mes de octubre.
La compañía el pasado diez de octubre sorprendió al mercado con la reformulación de las cuentas de 2017 realizando un ajuste contable de 20 millones de euros. Fue la puntilla en bolsa y se agudizó la crisis de la compañía en plena asalto a la cúpula del inversor ruso Fridman, primer accionista y que actualmente ha lanzado una OPA por el 100% de la empresa.
Currás, que fue forzado a salir de la compañía por el máximo accionista de la compañía, percibió una remuneración del grupo de 2,5 millones de euros durante 2018 y le queda pendiente por cobrar otro medio millón pese a abandonar su cargo el pasado 24 de agosto.
Currás ha cobrado una indemnización millonaria y la compañía busca su devolución
Ricardo Currás, ex consejero delegado de Dia, podría verse obligado a devolver 2,4 millones a la compañía. Su contrato incluye una cláusula denominada clawback por la que tendría que devolver, justificado en una mala praxis, en concreto, un bonus de 617.000 euros correspondientea 2016 y otro de 217.000 euros del ejercicio 2017, al margen de la indemnización.
En la remuneración del año pasado no aparece ningún pago variable, al haber salido antes del 31 de diciembre, pero sí una indemnización por su despido el 24 de agosto de 1,6 millones. Currás tiene derecho, igualmente, a un pago de 600.000 euros por no competencia. En el informe de remuneraciones también se incluye que ya ha cobrado 100.000 euros, pero a esta cifra hay que añadir otros 300.000 euros más por incumplimiento por parte de la compañía en el periodo de preaviso. Al directivo le queda pendiente de percibir otros 500.000 euros.
Todo ello al margen de los 46.243 euros entregados en acciones e instrumentos financieros entre 2016 y 2017.
Dia explicaba ya en el informe de remuneraciones del año pasado que "el contrato del consejero delegado incluye una cláusula según la cual la sociedad puede reclamar el reembolso de los importes percibidos por éste en concepto de retribución variable anual y plurianual, en caso de que en los tres años siguientes a su liquidación y abono se ponga de manifiesto que (...) se ha producido total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta, o afloren riesgos asumidos u otras circunstancias no previstas ni asumidas por la sociedad, que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados". Ahora, indica que ha activado la clausula.
Tras la destitución de Currás, durante cuatro meses asumió el cargo Antonio Coto, que cobró 260.000 euros, de los cuales 207.000 euros corresponden a la retribución fija. Por el momento, la compañía no ha pagado importe alguno por resolución de contrato.
