
La jueza María Ángeles Ruiz González ha decidido apartar a Abdullah Al-Thani y sus tres hijos de la gestión del Málaga, al mismo tiempo que les ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros y ha nombrado un administrador judicial para que se haga cargo de las riendas del club de Segunda División de LaLiga.
La titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha aceptado las peticiones de la Fiscalía en el caso de la querella presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del club andaluz contra Al-Thani, sus tres hijos (miembros del Consejo de Administración) y cuatro personas más por presunta administración desleal y apropiación indebida, aunque según el sentido en el que avance la investigación se podría ampliar al de blanqueo de capitales.
Esta medida, que está sujeta a recurso por parte de los Al-Thani, se produce unas semanas después de que la Policía interviniese por orden judicial las oficinas de La Rosaleda con el objetivo de buscar información económica que ayudase en la investigación del caso.
En una de las dos resoluciones dictadas se indica que se designa como administrador judicial a José María Muñoz Jiménez, que asumirá la gestión mercantil de las sociedades y deberá rendir cuenta al juzgado trimestralmente de cualquier incidencia, y se explica que dicha medida se prorrogará, en su caso, de forma automática, por períodos iguales de seis meses.
En el otro auto se precisa que la fianza la deben prestar "en el plazo de una audiencia", con el fin de asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa, advirtiendo de que de no constituirse "se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder de las sumas".
El administrador ha de emitir un informe sobre la situación del club en tres meses, así como un inventario de las deudas y patrimonio de la entidad
Será a partir de este viernes cuando el administrador tome posesión y asuma la gestión de las sociedades del Málaga y Nas Football. A partir de la toma de posesión del administrador judicial, se producirá la remoción de todos los miembros del Consejo de Administración, incluido el presidente querellado y secretario no consejero, tanto de la Entidad Málaga Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, como de la entidad Nas Football SLU, así como los testaferros y apoderados. Será el administrador el que asuma sus funciones y la gestión mercantil de ambas sociedades, teniendo también que colaborar en todo momento con el juzgado, tanto a requerimiento judicial como de oficio.
La administración judicial comprenderá la totalidad de la organización de la Sociedad Anónima Deportiva Málaga Club de Fútbol y de Nas Football, SLU. El administrador tendrá que emitir en el plazo de tres meses un informe sobre la situación económica y contable de las entidades administradas, que incluirá la gestión llevada a cabo por la administración cesada y estado actual de las cuentas de ambas sociedades.
Además, deberá realizar un inventario y valoración del patrimonio societario, que deberá, en todo caso, incluir al detalle las deudas vencidas, líquidas y exigibles, tanto a favor como a cargo de la sociedad anónima deportiva y Nas Football SLU --con especial mención del pasivo laboral y de administraciones públicas--, previsiones de tesorería, recuperación de créditos y soluciones que proponen para el pago y cobro de las pendientes, así como para el futuro inmediato.
La Fiscalía se mostró a favor de la administración judicial, al apuntar que el informe inicial remitido por el grupo encargado de la investigación apuntaba, tras el estudio y análisis de la contabilidad y otra documentación examinada, "la existencia de una actuación constante en el tiempo por parte de los querellados en su calidad de miembro del Consejo de Administración de la entidad de ejercicio de poder desleal y abusivo en la gestión y dirección de la mencionada entidad".
La jueza destaca el informe provisional de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional y señala el análisis de la documentación hace pensar que "de forma inicial y provisional" Nas Football es "una figura jurídica instrumental que solo sirve para tratar de ocultar y apantallar la persona física de su socio y administrador único, quien junto con sus hijos, miembros del Consejo de Administración del Málaga CF se han servido en su propio y único beneficio, perjudicando de forma grave el patrimonio de la sociedad anónima".
Así, apunta que indiciariamente las actividades en apariencia "fraudulentas y en perjuicio evidente de la sociedad deportiva, al menos en este momento procesal que es aún muy inicial, se sospecha que se habrían llevado a cabo a través de traspasos de efectivo y líquido entre sociedades pertenecientes a la familia Al-Thani, lo que ha implicado utilización indebida de fondos societarios para actividades privadas de los consejeros" de ambas sociedades.
Se indica en el auto que los querellados "han dispuesto, con apariencia indiciaria de fraudulencia, de bienes y derechos" del Málaga y por parte de estos se ha firmado en nombre del club y a favor de la entidad Nas Football varios préstamos, "no constando que se esté haciendo frente al pago de los distintos plazos de amortización".
Se añade que "existe en la causa documental que hace pensar de forma más que razonable que dichos préstamos vienen a encubrir salidas de efectivo de las dos sociedades para el pago de actividades privadas de los consejeros, como sería, a título de ejemplo, viajes, hoteles, agencias de viajes, viviendas particulares, adquisiciónde vehículos privados, etcétera...".
Inicialmente se insiste en decisiones de la familia Al-Thani "exclusivamente en su propio interés, tales como mejoras en su situación económica como personal de alta dirección --mediante fijación de retribuciones millonarias-- y, con abuso de las funciones que les correspondían por sus cargos directivos de la sociedad, y pese al tener pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atraviesa" el club.
El Málaga pasa por un momento económico delicado tras la sobredimensionada estructura del club después de su descenso a Segunda en 2018
El club andaluz, que descendió a Segunda División en 2018, pasa por un momento harto delicado económicamente. Tras no aminorar su gasto en nóminas con el objetivo de mantener un bloque que le permitiese regresar a Primera, el equipo 'boquerón' fracasó y no pudo ascender, lo que, unido a la reducción de las ayudas que LaLiga da por descenso, provocó un gran desfase entre los ingresos y los gastos de una estructura salarial sobredimensionada.
Actualmente, el club necesita reducir su límite salarial y vender jugadores para bajar una deuda que, por el momento, se estima en unos 21 millones de euros.