La Fiscalía ha rebajado de 9,5 millones de euros a 3,4 millones las estimaciones del Tribunal de Cuentas sobre la cifra de los fondos presuntamente desviados por excargos del Govern para la acción exterior de Catalunya y para los gastos del 1-O enmarcados en el proceso independentista.
El Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Catalunya a través de las delegaciones de la Generalitat ene l exterior y al Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat).
Por su parte, cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones de euros.
Ahora, el Ministerio Fiscal ha presentado sus cuentas ante el órgano fiscalizador. En concreto, ha cifrado en 2,2 millones los gastos de acción exterior y en 1,2 millones los relativos al 1-O, lo que hace un total de 3,4 millones de euros.
Según ha informado la Fiscalía en una nota informativa, recogida por Europa Press, los cálculos han sido presentados este miércoles en la demanda de 130 folios contra 35 excargos de la Generalitat.
Gastos del referéndum
el Ministerio Público ha estimado pertinente reclamar la responsabilidad contable al exvicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. También ha incluido en su demanda a tres "rebeldes": el expresidente del Govern Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.
Por su parte, ha acordado no formular demanda contra las interventoras de la Generalitat que sí figuran en el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas. Y ha excluido, a su vez, al que fuera secretario general de la Conselleria de Economía y Hacienda Josep María Jové, a su ex directora general y actual consellera de Cultura Natalia Garriga así como al ex director general de Patrimonio Francesc Sutrías.
En este apartado, relativo al 1-O, la Fiscalía ha reclamado el importe total de 1.219.838,63 euros. La cifra queda por debajo de lo que fijó el Tribunal de Cuentas en su acta liquidación provisional, donde se estimaban unos gastos por 3.903.294,86 euros y de lo que calculó la acción pública ejercida por Sociedad Civil Catalana, que llegó hasta los 3.466.335,91 euros.
Gasto exterior
Respecto a la acción exterior de la Generalitat y el Diplocat, la Fiscalía incluye tanto los viajes realizados por el expresidente y los exconsellers del Govern como los gastos efectuados por las distintas delegaciones de la Generalitat en el extranjero y las diversas actividades del Diplocat, tanto aquellas destinadas a promocionar el proceso soberanista como otra serie de gastos, pero teniendo en cuenta que hay actividades amparadas por la libertad ideológica.
El importe reclamado en esta parte de la demanda asciende a 2.209.503,8 euros. Cabe recordar que el importe de la liquidación provisional era de 5.150.711,09 euros y el reclamado por Sociedad Civil Catalana ascendía a 1.843.471,11 euros.
La Fiscalía ha matizado que en este caso se hace referencia a personas y a hechos "solo parcialmente coincidentes", por lo que ha advertido que "no es posible hacer una comparativa".
Reducción de encausados
El Tribunal de Cuentas ha acordado apartar, a petición de la Fiscalía, a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull así como a otros 14 excargos del Govern de la lista de personas a las que se les reclama --en concepto de responsabilidad contable-- los fondos presuntamente desviados por la Generalitat para la acción exterior de Catalunya y para los gastos del 1-O.
En un decreto firmado este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado secretario del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento ha admitido a trámite la demanda presentada por el Ministerio Público contra 35 excargos del Govern. Además, ha acordado "tener por apartados" a otras 16 personas, tal y como ha solicitado la Fiscalía.
Según consta en la resolución, figuran los nombres de los exconsellers Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Natalia Garriga, Carles Mundó, Josep Rull, Meritxell Serret y Santi Vila. También quedaría fuera del procedimiento el diputado de ERC Josep Maria Jové, quien fuera secretario general de la Consejería de Hacienda. Así, ninguno de ellos tendrá que hacer frente al importe que se reclama en la causa para reintegrar los fondos supuestamente desviados.
