El Institut Català de Finances (ICF) ha culminado con el cambio de su primer ejecutivo el relevo de altos cargos contrarios al aval ideado por el conseller de Economía, Jaume Giró, para cubrir las fianzas por 5,4 millones de euros que exige el Tribunal de Cuentas a excargos de la Generalitat entre 2011 y 2017 por presunta malversación en la acción exterior del Govern en favor de la independencia, durante los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont.
Después de que el Tribunal de Cuentas haya rechazado la validez del aval de la Generalitat a estas fianzas, el hasta ahora consejero delegado, Víctor Guardiola, ha presentado la renuncia al cargo por motivos personales, según el Govern, que ha nombrado como sustituto a Jordi Òliva, que al igual que Guardiola procede de CaixaBank, pero que también tuvo responsabilidades políticas en la administración catalana entre 2011 y 2015, con Mas como presidente.
Òliva fue en dicha etapa director general de Política Financiera, Seguros y Tesoro de la Generalitat, por lo que asumió la gestión de las finanzas y tesorería del Govern y la supervisión financiera en el ámbito de las competencias de la Generalitat, como la transformación de las cajas de ahorro catalanas en bancos y fundaciones especiales, y ocupó un puesto en la junta de gobierno del ICF.
Precisamente el pasado mes de julio, cuando Giró convirtió al ICF en avalista del procés ante el Tribunal de Cuentas después de no encontrar a ningún banco que ejerciese de intermediario, tres consejeros independientes de la junta de gobierno del ICF dimitieron, y Guardiola se abstuvo en la votación.
Guardiola ha sido consejero delegado del ICF apenas nueve meses, ya que accedió al cargo a finales de enero en sustitución de Josep-Ramon Sanromà, que se jubiló después de una década al frente de la entidad financiera pública dependiente de la Generalitat, que está en proceso de conseguir ficha bancaria para convertirse en banco público.
