Barcelona
El Tribunal de Cuentas rechazó este jueves los avales aportados por la Generalitat y presentados por 28 de los 34 excargos del Govern investigados por presuntos gastos ilegales en política exterior vinculados al procés. Ello se traduce en el embargo cautelar de bienes para cubrir el importe de la fianza, que suma 5,4 millones de euros, para cargos como los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y los exconsejeros Andreu Mas-Colell, Oriol Junqueras y Raül Romeva, entre otros.
La delegada instructora decidió no admitir los avales garantizados con fondos públicos emitidos por el Institut Català de Finances (ICF), "al no amparar las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave", que se darían si se declara responsabilidad contable contra ellos.
Los avales rechazados fueron creados por el consejero catalán de Economía, Jaume Giró, que preveía vehicularlos a través de una entidad financiera, pero que finalmente tramitó a través de la empresa pública ICF al no conseguir convencer a ningún banco para ejercer dicho papel.
Nuevo intento
Con todo, Giró afirmó que la decisión del Tribunal de Cuentas ha sido "política", y que la Generalitat presentará recurso para que el Tribunal de Cuentas argumente jurídicamente este rechazo, a la vez que iniciará una nueva ronda de contactos con entidades financieras para intentar conseguir los avales, pese a estar fuera de plazo.
Giró consideró que el Tribunal de Cuentas no sigue un criterio jurídico sino de "venganza", porque los avales cuentan con el informe favorable del Consell de Garanties Estatutàries y la Abogacía del Estado no los recurrió al Tribunal Constitucional (TC), informó Ep.
También este jueves, el Tribunal de Cuentas desestimó los recursos presentados por los excargos del Govern de la Generalitat de Cataluña contra el acta de liquidación en el que se fijó la fianza solidaria de 5,4 millones de euros, y contra la decisión de la instructora de preguntar a la Abogacía del Estado sobre la idoneidad de los avales presentados. La Abogacía del Estado declinó informar al respecto aduciendo que era parte en el procedimiento.
