La patronal Foment del Treball mediará entre Gobierno y la Generalitat para lograr un acuerdo que permita ampliar el aeropuerto barcelonés de El Prat y recuperar los 1.700 millones de inversión previstos en un principio.
El presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, se ha mostrado contundente y asegura que no se quedarán "parados" ante la "irresponsabilidad" mostrada desde el Ejecutivo catalán y el Ayuntamiento de Barcelona con su rechazo a convertir el aeródromo en un 'hub' intercontinental.
No obstante, la patronal catalana, que considera vital el proyecto para el crecimiento económico, ha criticado también la abierta división en el Gobierno entre PSOE y Podemos, ante la oposición de los morados respecto al proyecto.
Indignación
La indignación de los empresarios catalanes es manifiesta tras conocerse la suspensión de la inversión, teniendo en cuenta, además, que frente a lo que ocurre en Barcelona, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene en marcha su propia remodelación, con la creación de una Air City y la conexión con el AVE, lo que le asegura no solo la creación de un gran hub internacional, como reclaman las aerolíneas, con IAG a la cabeza, sino también el liderazgo absoluto del transporte aéreo en España.
Como en otros casos anteriores de desencuentros entre el Gobierno central y la Generalitat, Sánchez Llibre se ha ofrecido ya, según las fuentes consultadas, como mediador para reencauzar la negociación y sacar adelante la ampliación cuanto antes.
El objetivo sería retomarlo este mismo año, aunque tanto desde el entorno político como del empresarial hay serias dudas de que sea posible.
De hecho, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ha dejado ya claro que no volverá a retomarse antes de cinco años, cuando esta previsto que El Prat entre en situación de saturación. "No se podrá volver a incluir hasta el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), a partir de 2026", aseguró el pasado jueves.
Competencias aeroportuarias
A la espera ahora de la mediación de la patronal catalana y ante el temor de que el proyecto quede paralizado hasta la próxima legislatura, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió ayer el apoyo de los empresarios para conseguir el traspaso de la gestión de los aeropuertos catalanes y decidir así directamente su futuro.
Se trata de una petición que cuenta con el beneplácito de los agentes sociales catalanes, aunque estos están clamando también estos días responsabilidad política por parte del Gobierno y la Generalitat para encontrar una solución que permita una ampliación sostenible con el entorno. No están dispuestos a esperar cinco años, hasta la siguiente planificación aeroportuaria plurianual, como han planteado desde el Gobierno y Aena, porque para entonces El Prat ya habrá llegado a la saturación, si se cumplen las estimaciones de incrementos de tráfico actuales, y ejecutar una obra de calado como la que está en entredicho requiere de años de preparación y realización de las obras. De momento, todo está absolutamente en el aire.
Decisión personal de Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue quien determinó suspender los planes de ampliación del Aeropuerto de Barcelona , indignado por el boicot de ERC a la propuesta, que requiere del apoyo de la Generalitat y la Unión Europa para salir adelante.
La gota que colmó el vaso fue el tuit del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, contrario a la planificación aeroportuaria que debe pasar por Consejo de Ministros antes de fin de mes por invadir el espacio natural de La Ricarda. También influyeron en la decisión de Sánchez las declaraciones desde las filas de ERC sobre qué miembros del partido acudirían a la manifestación contraria a la ampliación convocada para el 19 de septiembre, según explicaron a elEconomista fuentes cercanas al Gobierno.
Fue una determinación de importantes consecuencias económicas, pero también de gran trascendencia política. La decisión complica el apoyo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en consecuencia a la llegada de los fondos europeos de recuperación, pero precisamente por ello, Pedro Sánchez puede ahora exigir sentido de Estado al PP para sacar adelante las Cuentas de 2022, y esgrimir su previsible negativa como responsable de depender de los partidos independentistas.
Por su parte, Aragonès también sale reforzado, porque pese a sus acusaciones al Gobierno estatal de "chantaje" e "imposición" de una sola opción para ampliar El Prat, deja la puerta abierta a lograr un acuerdo sobre el aeropuerto disponiendo de más tiempo, y ha evitado vincular este tema con otros, como la Mesa de diálogo -que ERC defiende en solitario y con reproches permanentes desde Junts- o los PGE. De todas formas, Aragonès afirmó este viernes en una entrevista en Catalunya Ràdio que la maniobra estatal de suspensión de la inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del Aeropuerto de Barcelona - El Prat "no es gratis ni inocua", informó Europa Press.
En el caso del presidente de la Generalitat, es incluso beneficiosa para la gobernabilidad en Cataluña, ya que la opción de invadir La Ricarda era rechazada por la CUP, y también por sectores de ERC, a la vez que le permite ser más exigente en su negociación política con el Ejecutivo central, a las puertas de la reunión de la mesa de diálogo que se celebrará en Barcelona el jueves o viernes de la próxima semana.
Ministra de la zona
Para logar una salida al bloqueo de la ampliación, hay que tener en cuenta que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, conoce de primera mano los pormenores del aeropuerto, pero también está condicionada por su pasado. Como alcaldesa de Gavà (Barcelona) hasta que asumió la cartera ministerial en julio, era abiertamente contraria a cualquier acción en El Prat que implicase aumentar el ruido a las localidades del entorno. De hecho, apoyaba la propuesta escogida por Aena porque suponía ampliar las instalaciones hacia el Este, con impacto neutro en la contaminación acústica de las zonas residenciales, situadas en la parte Oeste.
Pero el Gobierno tiene oposición a una ampliación del aeropuerto barcelonés con afectación ambiental en su propio seno, por parte de Unidas Podemos.
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