La Inspección de Trabajo de Cataluña ha sancionado con 735.000 euros a Cabify, dos empresas subcontratistas (Lopez Rubio y Proinvertia) y una ETT (JT Hiring) por la cesión ilegal de 120 trabajadores, que con este incumplimiento de la normativa laboral salen perjudicados.
La cuantía total de la multa, por infracción muy grave y que Cabify recurrirá se reparte en 431.275 euros para la empresa de servicios de transporte de pasajeros en vehículo con conductor, 243.745 euros para Lopez Rubio y Proinvertia, y 60.000 para JT Hiring.
La Inspección de Trabajo de Cataluña inició una investigación en febrero de 2020 y considera que las dos empresas de transporte subcontratistas suministran la mano de obra ilegal en Cabify, y que la ETT formaliza los contratos de puesta a disposición fraudulentos.
Precariedad
Estos trabajadores sufren inferiores condiciones económicas, de vacaciones, de horarios y descansos, permisos y menor capacidad de representación sindical y judicial, ya que se les aplica un convenio colectivo inferior al que les correspondería si fueran contratados directamente por Cabify.
Una vez hecha la propuesta de sanción, la Inspección de Trabajo de Cataluña comunicará por carta a todas las personas trabajadoras afectadas que pueden solicitar judicialmente ser contratadas directamente por Cabify.
Desde la compañía respondieron este miércoles que las actas de infracción notificadas a Cabify por la presunta cesión ilegal de trabajadores "carecen de fundamento jurídico", según indicaron a elEconomista fuentes de la empresa.
Cabify presentará las alegaciones y recursos correspondientes, defendiendo su modelo de negocio: "Estamos convencidos de que las sanciones propuestas son contrarias a Derecho. La compañía española de movilidad siempre ha actuado acorde a la legalidad, tanto en el servicio que ofrece como en la forma de prestarlo, a través de un modelo de éxito que puede exportarse a otros países o incluso a otros sectores de la economía".
Cabify volvió a operar en Barcelona en marzo de 2019, tras unos meses de ausencia para adaptarse al cambio de la normativa catalana de los VTC. Trabaja a través de su filial Prestige & Limousine, que se dedica al transporte de pasajeros y puede hacer la prestación directa de este servicio. Así, el usuario solo debe esperar el tiempo de preaviso que marca la normativa la primera vez que acepta las condiciones de contratación.
Expedientes a Uber
Su principal competidor, Uber, anunció su vuelta a Barcelona este mes de marzo a través de acuerdos con 350 taxistas, pero de momento su app solo funciona con 48 taxistas, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha abierto expedientes informativos a siete taxistas, ya que sostiene que Uber no cuenta todavía con los permisos necesarios para funcionar en la capital catalana, por lo que ha realizado un requerimiento a la compañía para que aporte información que demuestre su adaptación a la legislación vigente.
Por su parte, Uber reivindica que cumple los requisitos legales y ha acudido a la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) para denunciar trato discriminatorio por parte de la AMB. La Acco solicitó información a la AMB y está analizando el caso.