La fecha para las elecciones catalanas puede ser todavía una incógnita durante dos semanas, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha dado hasta el 8 de febrero para resolver los recursos presentados contra el retraso electoral hasta el 30 de mayo.
De momento, el tribunal mantiene la fecha del 14 de febrero de manera cautelar para los comicios, si bien da trámite a los recursos por la vía de urgencia.
Así, da a las partes, en lugar de los 8 días establecidos por la ley, 4 días para presentar sus argumentos, "para tener, como máximo, sentencia antes del 8 de febrero", según un comunicado.
El vicepresidente de la Generalitat con funciones de presidente, Pere Aragonès, ha lamentado que esta espera provoca "incertidumbre" que perjudica a los ciudadanos porque afecta a la campaña electoral y al periodo de deliberación para que los catalanes decidan su voto.
En su opinión, mantener de manera cautelar el 14-F es una "irresponsabilidad" del TSJC que "hace que muchos ciudadanos se vean obligados a escoger entre el derecho a voto y el derecho a la salud".
Coste de 30 millones
La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha defendido la legitimidad del aplazamiento electoral decidido por el Govern con el apoyo de todos los grupos parlamentarios catalanes excepto el PSC, por lo que no está sobre la mesa elaborar un nuevo decreto o pensar otra fecha que no sea el 30 de mayo.
Asimismo, ha lamentado que toda la maquinaria electoral para seguir adelante de manera cautelar con la fecha del 14 de febrero tendrá un coste de 30 millones de euros para la administración catalana, y que los votos por correo empezarán a contar el 25 de enero, por lo que podrían ir "a la basura" unos 100.000 votos si finalmente no se ponen las urnas el 14-F, ha calculado.
Mientras el calendario electoral está en manos de la Justicia, una encuesta del CIS publicada este jueves sitúa al PSC como ganador de los comicios autonómicos.
Condena al 'conseller' Solé
Por otro lado, el TSJC ha hecho pública este jueves la primera condena contra un alcalde por colaborar con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 -se abrió investigación a unos 700 ediles y la mayoría se fueron archivando-.
Se da el caso de que, el entonces alcalde de Agramunt (Lleida), es el actual consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, Bernat Solé, responsable de organizar los comicios autonómicos.
Solé seguirá como consejero hasta que la sentencia sea firme porque recurrirá ante el Tribunal Supremo el fallo, de un año de inhabilitación y una multa de 16.800 euros.
Sin embargo, no podrá presentarse a las elecciones al Parlament, a las que concurría como número dos por Lleida en las listas de ERC.
