Los agentes sociales piden a Colau más ayudas específicas por el covid

El dictamen del Consejo Económico y Social (CESB) sobre los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona para 2021, aprobados el miércoles, echa en falta más bonificaciones específicas para las empresas, trabajadores y familias más damnificados por el Covid-19.

Insta a la alcaldesa Colau a profundizar en la aplicación de rebajas en algunas figuras tributarias e impuestos municipales, analizando qué colectivos se han visto más afectados.

En el ámbito turístico, el dictamen aboga por alargar a finales de año la suspensión temporal del impuesto de alojamientos turísticos prevista hasta julio de 2021, y solicita la suspensión anual de la nueva tasa que grava el hecho de encochar y desencochar los pasajeros de los autobuses turísticos.

Reclama también la ampliación de tres a cinco años de la bonificación prevista para la utilización de energía solar en edificios de usos terciarios a los impuestos del IBI, IAE e ICIO (construcciones, instalaciones y obras), porque puede contribuir al desarrollo de las actividades vinculadas al uso de energías renovables, y a la vez mejorar la calidad medioambiental. En su conjunto, los presupuestos municipales reducen un 3,1% los ingresos tributarios propios.

Reclaman la creación de un parque de viviendas de alquiler con precios asequibles

El órgano consultivo, compuesto por sindicatos, patronales y entidades del ámbito económico y social, valora positivamente que Barcelona pueda disponer de un nuevo presupuesto, gracias a los acuerdos alcanzados. El equipo de gobierno de BComú y el PSC, con la alcaldesa Ada Colau al frente, ha obtenido por segundo año consecutivo el apoyo de ERC y ha sumado a BCN Canvi para aprobar las cuentas del 2021 -con una cifra récord de 3.231 millones de euros (un 6,5% por encima del actual)- y las ordenanzas fiscales que prevén la congelación de tasas y pocos cambios respecto a los presupuestos de 2020. Son "muy continuistas", según José Antonio Fernández, secretario del CESB.

Si bien se observa que las políticas relacionadas con la cohesión social absorben buena parte del gasto corriente, el dictamen considera necesario el aumento de las partidas destinadas a las personas de colectivos más vulnerables. Por tanto, no parece oportuna la reducción del 3% previsto en el proyecto de presupuesto al gasto corriente de la política de servicios sociales y promoción social, exponen. No obstante, confían en que se pueda revertir por la vía de la inversión y de las transferencias de capital de los diversos institutos municipales que gestionan aspectos como servicios sociales, fomento del empleo, transportes, vivienda...

En este capítulo, ven imprescindible mantener el impulso de las políticas de vivienda y empleo, y con preocupación la reducción de 3,2 millones en la política de Vivienda y Urbanismo, y del 4,2% en Barcelona Activa, la agencia de desarrollo económico. Entre otras medidas, reclaman la creación de un parque de viviendas de alquiler con precios asequibles para hacer frente a la emancipación de la juventud, los desahucios, las situaciones de emergencia habitacional y de personas sin techo.

Endeudamiento

Respecto a las finanzas del Ayuntamiento, el dictamen analiza la necesidad de financiación cifrada en 150,5 millones de euros, equivalente a un 5% sobre los ingresos no financieros y sitúa el total en 1.035,9 millones con un incremento del 20,5% respecto a 2020. Un importe que equivale al 37% de los ingresos corrientes del Ayuntamiento. "Valoramos que sea un porcentaje muy inferior al límite legal del 75% y somos conscientes de que este año las cuentas municipales van a tener modificaciones significativas en ingresos y gastos a lo largo del año", explica Fernández y añade que "las transferencias que llegarán del Estado alterarán las cuentas".

En su dictamen, determinan que dada la bajada del ahorro corriente -por el descenso de los ingresos previstos y la gran demanda de gastos sociales- el mantenimiento de niveles de inversión y gasto corriente solo se podían llevar a cabo con endeudamiento.

El CESB valora positivamente el mantenimiento del esfuerzo inversor municipal previsto -que se acercará a los 800 millones, un 20% para vivienda- y recomienda que se dirijan a la reactivación económica, cohesión social y regeneración urbana de forma equilibrada, a fin de beneficiar a todos los barrios y distritos de la ciudad.

"Las partidas presupuestarias deberían atender a la realidad de los distintos barrios de Barcelona para conseguir un equilibrio territorial e incrementar la cohesión social entre barrios, porque una ciudad con un nivel de vida elevado es un potencial para atraer actividad económica", remarca Fernández.

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