Barcelona
Primera premisa: sin un Poder Judicial independiente no existe una democracia auténtica. Para conseguirla se requiere que sus órganos de gobierno también lo sean, así como los nombramientos de quienes compondrán los juzgados y tribunales.
Los jueces, cuanto más alejados se encuentren de los partidos políticos, más libres se sentirán para impartir justicia.
Segunda premisa: La tentación de todo Poder Ejecutivo es dominar los dos poderes restantes, el legislativo y el judicial. Si lo consigue, aunque sea parcialmente, estamos ante una democracia enferma o que no merece tal nombre.
Aquí quiero hacer mención de un breve texto contenido en la Memoria de apertura de los Tribunales del año 1930, finalizada la dictadura de Primo de Rivera, redactada y leída por el fiscal del Tribunal Supremo, Santiago del Valle, cuando habla de la independencia de los Jueces y cito textualmente: "…Porque como dice Hamilton, es el judicial el más débil de todos los Poderes y está expuesto continuamente al peligro de ser dominado, intimidado, influido por los otros Poderes con los que está coordinado."
Nada nuevo bajo el sol. Pero ante esta realidad debemos poner los medios para intentar mejorarla.
Nuestra Constitución establece que los miembros del Consejo del Poder Judicial deberán ser elegidos por el Congreso de los Diputados por una mayoría de tres quintos. Nuestro imaginativo presidente del Gobierno quiere modificar este quorum por la mayoría simple, la mitad más uno.
Siendo lega en leyes, cualquier persona entiende que es más difícil encontrar personas que sean elegidas por los tres quintos de la Cámara que por la mitad más uno. También puede entenderse que, si un gobierno consigue una mayoría simple, elegirá a los jueces que más le convengan para defender sus intereses. En consecuencia, la mayoría de tres quintos es mejor para garantizar la elección de miembros de un Consejo del Poder Judicial independiente.
Qué ocurre en estos momentos en nuestro país, esclavo de una clase política egocéntrica, pues que nuestra Constitución establece que los miembros del Consejo del Poder Judicial serán elegidos por un mandato de cinco años y los actuales vocales, llevan más de siete años en el cargo porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo y no alcanzan la mayoría de los tres quintos de diputados para elegir los nuevos cargos.
Difícil de entender para cualquier persona normal que los propios diputados incumplan la Constitución y dejen que los actuales vocales del CGPJ sigan actuando cuando les ha vencido el plazo para ejercer su mandato.
Para muchos, el Presidente Pedro Sánchez quiere apropiarse del Consejo de Poder Judicial modificando la Constitución, para otros, si el Sr. Sánchez ha llegado hasta aquí es porque el PP del Sr. Casado boicotea la elección ya que hacen falta sus votos para conseguir los tres quintos.
La realidad es otra, los actuales miembros del CGPJ son más proclives a inclinarse por ideologías moderadas y esto le interesa al votante de los partidos de centro derecha y de este modo Casado prolonga indefinidamente un acuerdo que pasaría por sustituir a vocales de ideología más conservadora por otros con tendencias más progresistas.
El cuello de botella se encuentra en la propia Constitución al no prever una disposición para este caso, para indicarnos qué debería llevarse a cabo en el caso de que pasaran los años y no se pusieran de acuerdo los políticos para nombrar un nuevo Consejo.
La solución en apariencia es sencilla. Por supuesto, si dejamos en manos de los políticos la elaboración de una norma que regule esta situación, pueden transcurrir varios lustros hasta que se pongan de acuerdo, no obstante y siguiendo mi costumbre de proporcionar nuevas ideas, una posible, sería:
Si transcurridos seis meses desde la finalización de cualquier mandato de un vocal o del Presidente del CGPJ, el Congreso no nombra a quienes deban ocupar los cargos vencidos, éstos serán elegidos por todos los jueces en activo mediante elección directa y mayoría de votos. Es decir, se penalizaría a los políticos por su retraso y serían los jueces quienes nombrarían a los nuevos vocales.
Disminuir el quorum de los tres quintos a mitad más uno, suena a pretensión de manipular la justicia, ya que podrían ser elegidos todos los miembros afines al Gobierno de turno. También pretender que una mayoría de tres quintos es fácil de conseguir es ilusorio y más en estos momentos ante una Cámara tan dispersa.
Si los políticos tuvieran un plazo para escogerlos y pasado este plazo caducara su capacidad electiva y se transmitiera a los propios jueces esta atribución, es seguro que se pondrían de acuerdo antes de que venciera el plazo.
