Barcelona
El Govern de Quim Torra no únicamente tendrá que someterse al control de la Unión Europea y del Estado sobre el destino que dé a los fondos Covid, sino que además los agentes sociales le apremian para que los tenga en cuenta a la hora de diseñar el plan de medidas post-covid.
Patronales, sindicatos y entidades socio-económicas recuerdan a la Generalitat que toda la financiación que llegue de la UE tiene que seguir, a su entender, los criterios que se establezcan en el marco del diálogo social en Cataluña. Del mismo modo, hay que garantizar la aplicación de principios de transparencia y de eficiencia, en un marco en el que participen los diferentes actores sociales y económicos más representativos, según han hecho constar los agentes sociales en la Memoria Socioeconómica y Laboral que elabora anualmente el órgano consultivo CTESC (Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya).
El plan inversor propuesto por estas organizaciones, en líneas generales, debería identificar y priorizar aquellas inversiones públicas que tengan efecto tractor sobre inversiones privadas en la eficiencia energética, la I+D+i, formación o calificación de la mano de obra.
Y reclaman que para facilitar las inversiones conviene reforzar la capacidad del Institut Català de Finances (el ICO catalán) para que haga de banca pública en la financiación a las pymes, estrategias industriales sectores, y propiedad inmobiliaria con fines sociales.
El objetivo es subsanar los estragos que la pandemia ha provocado y los efectos negativos que han desvelado los puntos débiles de la economía catalana, para redirigir las medidas hacia un cambio de modelo productivo.
En este sentido, sindicatos, patronales y entidades sociales solicitan que los recursos se destinen a vivienda y dependencia, al fomento de la economía verde y la movilidad sostenible y a la lucha contra la brecha digital y los desequilibrios en educación y alcance territorial, según figura en la Memoria Socioeconómica y Laboral.
Diligencia de los expertos
Desde la patronal Pimec, su presidente Josep González, advierte al Ejecutivo catalán que el comité de expertos y la comisión para la reactivación económica creados para sentar las bases de la recuperación económica tendrían que empezar a plantear en qué proyectos trabajan, porque es necesario iniciar el diseño de las medidas que hay que aplicar en el medio plazo.
González, que hace extensiva su demanda a nivel estatal, a la comisión para la reconstrucción del Congreso, considera que "no podemos esperar al año que viene, en septiembre ya deberíamos tener algunas propuestas convincentes de las comunidades autónomas y de España para poder presentarlas a la UE y acceder al reparto de los fondos europeos".
El Govern aprobó, a finales de julio, el Plan de Reactivación Económica y Protección Social para hacer frente a la crisis derivada del Covid-19 con 20 grandes proyectos y un coste total de 31.765 millones de euros, con la mano tendida -según afirmó el presidente Torra- "a todos los agentes económicos, sociales y políticos del país para trabajar el documento". Y, a principios de junio, puso en marcha un comité de expertos, liderado por el arqueólogo e historiador Genís Roca, para definir cómo debe ser la Cataluña post-pandemia, en el 2022. Está previsto que presenten sus conclusiones en febrero de 2021.
Vivienda y dependencia
Entre tanto, agentes sociales y entidades reclaman medidas para impulsar un parque de vivienda asequible, especialmente para colectivos vulnerables como jóvenes, familias monoparentales y personas mayores. Con el fin de mejorar la calidad en la política de atención a la dependencia, el CTESC considera oportuno valorar la creación de un organismo que articule de forma integrada la política de dependencia de la Generalitat de Cataluña como hace el Servicio Catalán de la Salud, y aumentar las plazas en residencias y centros de día públicos y concertados.
Reclaman fomentar la economía circular, la eficiencia energética y la sostenibilidad
En política urbanística el foco se dirige a la transformación de las ciudades para ganar eficiencia energética y disminuir las emisiones contaminantes, entre otras medidas, con políticas de rehabilitación y transformación energética de edificios para que sean neutros en emisiones, mejoren la eficiencia y prevengan la pobreza energética.
En el ámbito del fomento de la economía verde, los agentes sociales abogan por desplegar el parque de generación renovable, las redes eléctricas inteligentes, e infraestructuras de almacenamiento y regulación para las renovables para todo el territorio catalán, y promover la eficiencia energética. Todo de acuerdo con la planificación estatal del Plan nacional integrado de energía y clima, 2021-2030, y la Ley de cambio climático de Cataluña.
Ello acompañado de una correcta planificación para la interconexión de infraestructuras que respondan a la nueva realidad energética, climática, en línea con los principios de la economía circular.
También garantizar el suministro de energía renovable y de generación distribuida en el territorio catalán, para aumentar la soberanía energética, reducir pérdidas al transporte de energía y facilitar la movilidad sostenible.
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