Valladolid
La gestión de los fondos europeos ha enfrentado por segunda vez a las comunidades con el Gobierno. ¿Castilla y León se opone también al reglamento que tuvo que retirar la ministra Montero?
Nosotros estamos porque haya una posibilidad de participación, de escuchar y de consultar a las Comunidades y ni se ha dado la oportunidad de opinar ni hemos conocido ninguna propuesta previa a la decisión definitiva. Lo que no puede ser es que el Gobierno dialogue sólo consigo mismo para solucionar las serias divergencias que tiene sobre qué reformas hacer y cómo hacerlas y no quiera hacerlo ni con la sociedad, ni con las autonomías ni con las corporaciones locales. El reglamento debía ir en esa línea de diálogo y acuerdo y haberse llevado a la Conferencia Sectorial con las propuestas sobre reformas estructurales asociadas a los fondos para que pudiésemos acordarlas, junto al reparto de los fondos y el destino. Pero más allá de ese reglamento, lo que nos preocupa es que el Gobierno actúa como si los fondos europeos fueran del Gobierno y no de los españoles y el reparto que se ha hecho de los Fondos React-UE nos parece profundamente injusto e insolidario.
¿Cree que ha habido criterios políticos en la distribución de ese Fondo React?
Lo que ha habido es un perjuicio muy claro a los intereses de Castilla y León. Es incomprensible que haya una diferencia tan perjudicial a determinadas comunidades autónomas y además que el resultado final esté tan lejos de lo que hubiera pasado con un reparto conforme al sistema de financiación autonómica. A nosotros nos hubieran correspondido 600 de los 10.0000 millones de euros y nos asignan apenas 365. Una Comunidad que tiene el 18,6 por ciento de la superficie y el 5,1% de la población recibe sólo el 3,3% de esos fondos. Es verdad que esto ha causado disgusto y no nos gustaría que el Gobierno utilizase estos fondos con finalidades estrictamente políticas o para facilitar sus acuerdos parlamentarios en vez de para impulsar una verdadera transformación y las reformas que necesita España para salir de una crisis que es la más grande que está atravesando ningún país de la Unión Europea.
¿Tienen ya fecha para abordar el nuevo sistema de financiación?
No. Ya pedimos una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque creemos desde hace tiempo que es necesario renovar este modelo pero no nos han anticipado nada. Pero estamos viendo que no están dando ninguna información en estos órganos colectivos pero sí hacen declaraciones cuando tiene reuniones bilaterales con determinados representantes de algunas Comunidades y nos preocupa que los avances que se puedan estar realizando no sean en un contexto multilateral sino en uno bilateral con alguna Comunidad, bueno con algún representantes porque se reúne con partidos políticos que ni siquiera tienen la representación.
¿Teme que afecten las elecciones catalanas?
Aquí el problema no es tanto temporal de un mes más o menos, sino que se condicionen los resultados como consecuencia de la decisión del Gobierno de incorporar a determinados partidos a la dirección del Estado y que la financiación autonómica tenga un resultado desequilibrado, injusto e insolidario, como ya ha ocurrido con los Fondos React.
¿Cuáles son las aspiraciones de Castilla y León en ese modelo?
El actual modelo no llega para financiar los servicios públicos esenciales -sanidad, educación y servicios sociales- y hay que recordar que tenemos muchas más competencias. El modelo se aprobó antes de la anterior crisis y ha quedado totalmente obsoleto porque el gasto de los servicios públicos no ha evolucionado al ritmo de los ingresos. Ya el modelo nos pareció que estaba mal diseñado desde el principio y eso fue en el año 2009.
La ministra María Jesús Montero ya ha avanzado que quiere abordar la que llama "armonización fiscal". ¿Cómo afectará a su compromiso de eliminar Sucesiones y Donaciones?
Bajo la "armonización fiscal" el Gobierno pretende en realidad una subida de impuestos. No contento con la subida de impuestos en los PGE ahora quiere que las Comunidades hagamos lo mismo con nuestros propios tributos. En contra de lo que dice el Gobierno la subida de impuestos nacional recae directamente en las personas de rentas medias y más reducidas. Lo vemos con el Impuesto a las Bebidas Azucaradas, con el Impuesto de Matriculación, con la denominada tasa de servicios tecnológicos, que será repercutida sobre las pymes…Al final tenemos un Gobierno que anuncia que solo sube los impuestos a la gente de más recursos pero quien acaba pagándolos son las pymes, el crecimiento económico y los que tiene menos recursos…Pero la Junta de Castilla y León va a aprovechar su capacidad fiscal para beneficiarles. Estamos comprometidos con la eliminación de Sucesiones y Donaciones a lo largo de la Legislatura y lo vamos a hacer. La pandemia, que ha provocado un descenso de ingresos y un aumento de los gastos, ha retrasado el momento, que era en marzo del año pasado, pero nuestra vocación para cumplir el compromiso sigue vigente. Nos hubiera gustado haberlo hecho ya y el proyecto de ley tenía fecha de aprobación pero las circunstancias sobrevenidas han obligado a retrasarlo.
"Nuestro compromiso para eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en esta legislatura sigue vigente"
El Presupuesto regional recoge una caída del PIB del 10,1% en 2020. ¿Mantiene esa previsión tras las últimas restricciones?
Esa caída es mayor de la que señalaban algunos analistas independientes e incluso la Airef era más optimista. De cualquier forma, será una caída de dos dígitos y aunque será una de las más bajas del país, nos preocupa especialmente porque no se ha registrado antes.
Para 2021 la estimación es de una subida del 7,5%. ¿No es un escenario que ya se ha quedado viejo?
Ya dijimos que habría que esperar al segundo semestre para crecer interanualmente y que la mejora anual del PIB sería claramente insuficiente para compensar la caída de 2020. El hundimiento de la economía es tan intenso que habrá que esperar, por lo menos, hasta 2022 para tener una cifra similar a la que tuvimos en 2019. Nuestras previsiones estaban sujetas a los datos de evolución sanitaria. Hay dos elementos en este inicio de año, primero que la intensidad de la tercera ola está siendo muy profunda y está obligando a restricciones que en términos económicos son muy relevantes, y que el ritmo de vacunación por parte de las CA es menor del que esperábamos.
Según su escenario macroeconómico la deuda pública escalará hasta el 23,7% del PIB. ¿Está preparando ya un plan de consolidación fiscal como le urgía la Airef?
Esto es algo que nos tiene que trasladar el Ministerio. Nosotros estamos entre las Comunidades con menos deuda -tres puntos menos, y déficit que la media española. Si no hemos sido capaces de cumplir el escenario del año 2020 nos es por falta de voluntad y compromiso con la estabilidad fiscal sino porque la situación de la pandemia en términos de incremento de gasto y reducción de ingresos nos ha obligado. Habrá que ver si el Gobierno exige ese escenario de consolidación fiscal, en qué medida y condiciones, aunque hay que tener en cuenta que para 2020 y 2021 han decaído las reglas de estabilidad presupuestaria.
¿Por que no ha sido posible un acuerdo con el PSOE para el Presupuesto regional?
Hubiese sido muy coherente porque el presupuesto no es más que la traslación del acuerdo que firmamos los principales grupos parlamentarios y la Junta en junio para la recuperación económica y el empleo. Hubiera sido razonable porque las medidas en las que estábamos de acuerdo se han incorporado a los Presupuestos, como dotar de una serie de recursos a las corporaciones locales o que el gasto en Sanidad fuese al menos el 7% del PIB. Pero el PSOE se encuentra más cómodo con el Presupuesto del Estado, que sube impuestos, mientras nosotros apostamos por bajarlos, favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo y dotar de recursos los principales servicios públicos.
Una de esas subidas es el impuesto de matriculación. ¿Cómo puede afectar a la importante industria automovilística de la Comunidad?
Afecta especialmente a los vehículos que se fabrican en España y supone una subida de un 5%, lo que significaba que un vehículo de 20.000 euros se encarece en 1.000 euros. Es muy evidentemente que puede retraer a los consumidores, como ya han advertido las principales asociaciones del sector, en un contexto en el que la demanda está afectada por la crisis. Un sector que está pasando dificultades, que tiene además que afrontar una estrategia de transformación relevante, lo que menos necesitaba del Gobierno era que le subiera impuestos y que agravará la situación. Nosotros hemos dado nuestro apoyo económico al sector del automóvil, que es especialmente relevante en Castilla y León y yo mismo envíe una carta a la ministra de Hacienda pidiendo que reconsiderará la decisión. Ojalá todos nos equivoquemos y éste sea un año excelente de venta de vehículos pero yo creo que es un error. Pero digo lo mismo del sector agroalimentario, para el que también era el peor momento para subir el IVA a las bebidas azucaradas porque el sector remolachero es muy importante para Castilla y León, que moltura el 80% de la producción nacional. Es un error que el Gobierno se dedique a subir impuestos en este contexto, que es justo lo contrario de lo que está haciendo la Junta, que no sólo ha decidido no subir ningún impuesto ni a pymes, ni a familias ni a autónomos sino reducírselos al emprendimiento y a las transmisiones de bienes inmuebles vinculados a la actividad productiva en el mundo rural.
Renault tiene que plantear un plan industrial para optar a nuevos proyectos. ¿Qué respaldo puede esperar del Gobierno regional?
Bueno no solo del Gobierno regional sino también de toda la sociedad de Castilla y León. Nosotros reconocemos el papel que siempre ha tenido Renault y el compromiso inequívoco con esta tierra. La compañía va a contar con el apoyo pleno de la Junta para que sus plantas en la región, que ya están entre las más competitivas a nivel mundial, sigan siéndolo. Por otro lado, no me cabe la menor duda de la dirección y los trabajadores van a llegar a un acuerdo en la negociación de un convenio que posibilite la llegada de nuevos modelos.
Ustedes han articulado medidas pero no han conseguido que el Gobierno ponga en marcha un plan de choque para la hostelería...
En la primera fase de la pandemia, la hostelería nos pedía liquidez e hicimos un esfuerzo relevante. En 2020 hemos hecho el doble de aportación de toda la legislatura anterior en materia de financiación. Un año después reclama rebajas fiscales y ayudas directas. En el primer caso nosotros no tenemos capacidad de actuar y sería bueno una rebaja del IVA, ver como se podía ayudar en el Impuesto de Sociedades o todo lo que tiene que ver con las cotizaciones sociales. Respecto a las ayudas directas ofrecimos ir de la mano con todas las administraciones para un plan de choque pero el Gobierno ha decidido no colaborar. Al final nosotros hemos decidido sacar las nuestras y las últimas son ayudas directas de hasta 4.000 euros. Pero somos conscientes de que no mitigan el impacto en el sector. A nivel europeo hemos visto que el liderazgo ha recaído en los gobiernos centrales, también en países tan descentralizados como Alemania. El Gobierno no puede dejar esto en manos de las comunidades autónomas porque no tenemos capacidad ya que el principal gasto contra la pandemia, el sanitario, recae sobre nosotros. Eso ha limitado nuestro deseo de haber sido más ambiciosos en esas ayudas directas.
