El caso Popular abre otra vía en México. Un grupo de inversores mexicanos del banco ha presentado una demanda ante la Procuraduría General de México contra el empresario Antonio del Valle (que encabezaba a un grupo de inversores mexicanos que tenían el 4,25% del Popular) y su sobrino Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la bolsa del país azteca.
Los afectados reclaman directamente a Del Valle y a Ruiz Sacristán que resarcen las pérdidas en las que incurrieron tras la caída del banco, según informan a elEconomista fuentes cercanas al caso.
El abogado mexicano Jorge Gastélum está encabezando estas actuaciones ante la jurisdicción azteca ya que ésta es competente para investigar los delitos cometidos fuera del país por ciudadanos mexicanos siempre que haya también otros ciudadanos mexicanos perjudicados.
La denuncia, interpuesta por la vía penal, apunta a un presunto delito por vulnerar el deber de reserva que corresponde a los miembros de un consejo de administración.
Concretamente, señala la falta de confidencialidad de Antonio del Valle, exconsejero del Popular, y de Jaime Ruiz Sacristán, que lo sustituyó al frente del órgano ejecutivo de la entidad española a partir de septiembre de 2016, con el objetivo de hacer caer el precio de la acción del Popular en beneficio propio. Esto podría suponer un posible delito de manipulación de mercado.
Precisamente, esta es la principal causa a la que se enfrenta Antonio del Valle en España, dentro del procedimiento penal de la Audiencia Nacional. El empresario mexicano está siendo investigado, junto al expresidente de la entidad Emilio Saracho, por orquestar una presunta campaña de desprestigio del banco a través de la distribución de informaciones falsas para que fueran publicadas en los medios de comunicación con el objetivo de hacer caer el valor de las acciones del banco.
La CNMV no detectó artimañas para manipular el precio de la acción del banco antes de su resolución
El magistrado del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, admitió a trámite el pasado mes de octubre una querella interpuesta por un grupo de más de 50 afectados por la caída del banco que denunciaban éstas supuestas maniobras especulativas.
No obstante, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitió un informe a los Juzgados Centrales en los que señalaba que no se han detectado artimañas para manipular el precio de la acción del banco, en los meses previos a su resolución. El documento del regulador dio pie al expresidente de la entidad, Emilio Saracho, para pedir el sobreseimiento del delito.
La Fiscalía Anticorrupción decidió conocer antes el informe de los peritos del Banco de España al respecto para tomar una postura al respecto.
Antonio Del Valle juega doble en el caso Popular. Por un lado es parte denunciada por su papel como miembro en el consejo de administración del Popular, tanto en España como en México, y por otro lado, actúa como denunciante ante el Tribunal de Justicia de la Unión europea (TJUE), EEUU y España. Además, Del Valle, junto a otros 50 empresarios con los que mantenía las acciones, inició un arbitraje internacional contra España para recuperar los 470 millones perdidos.
Entidades
