
La familia chilena Luksic, que poseía el 3,45% del Popular antes de su resolución, entra con fuerza en la causa penal que instruye la Audiencia Nacional sobre la caída del Popular. Aeris Investment, brazo inversor de la familia, solicitará al magistrado Fernando Andreu que investigue el precio simbólico de un euro por el que el Santander adquirió la que era la sexta entidad del país.
Los antiguos accionistas del Popular plantearán, entre sus líneas de actuación, que el simbolismo del precio podría haber generado algún tipo de plusvalía importante para el Santander y, por tanto, solicitarán la devolución de la misma. La familia, encabezada por el empresario Andrónico Luksic, invirtió 114 millones de euros en el Popular en 2016, basándose en las cuentas de la ampliación de capital que realizó la entidad en mayo de dicho ejercicio, ahora bajo investigación judicial por la presunta falsedad de los estados financieros. No obstante, la inversión de los Luksic fue unos meses posterior al cierre de la ampliación de capital.
Acusación particular
El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite la personación de Aeris Investment como afectada. Así, la compañía inversora pasa a ser acusación particular en la causa. Hasta el momento, el Santander continúa la línea de recurrir la personación de importantes inversores del Popular en la vía penal, aunque no la de las personas físicas que acudieron a la ampliación de 2016.
Así, la entidad recurrió la personación de los grandes fondos de inversión encabezados por Pimco (perdieron unos 850 millones con la resolución) y la de los Luksic podría seguir el mismo camino, con la pertinente impugnación por parte de la familia chilena si llega a ocurrir.
Aeris Investment también mantiene actuaciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) donde reclama a la JUR los documentos sobre los que basó la decisión de resolver el Popular. Además, los Luksic remitieron el pasado mes de marzo una carta a la presidenta del Santander, Ana Botín, reclamándole la devolución de los 114 millones invertidos, aunque sin lograr sus pretensiones.