La plantilla de los bancos, a través de los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), están exigiendo a los directivos una póliza por responsabilidad civil y jurídica ante el riesgo de ser demandados después de los casos como el del Popular y la próxima entrada en vigor de las nuevas reglas de comercialización de productos financieros, conocida como Mifid II.
Los trabajadores están cada vez más expuestos a denuncias por parte de los clientes, por lo que han comenzado a solicitar este tipo de primas, de las que ya disfrutan los administradores y altos ejecutivos.
Según fuentes sindicales, esta petición ya ha sido trasladada a algunas entidades y se extenderá al resto del sector en los próximos meses. Resaltan que la prima no cubriría a toda la plantilla, sino a aquellos empleados que se dedican al asesoramiento, es decir, a menos de un tercio del total.
Los trabajadores de la banca han vivido en los últimos tiempos momentos de elevada tensión con los clientes debido a los sucesivos casos que han llevado a estos últimos a sufrir pérdidas por sus inversiones en preferentes, bonos subordinados y acciones. El más reciente es el derivado del rescate de Popular el pasado 7 de junio, por el que más de 300.000 accionistas y otros tantos usuarios particulares han padecido minusvalías importantes. El Santander ha anunciado esta semana una compensación para los afectados que sean clientes bajo determinadas condiciones a través de un bono a siete años con una rentabilidad anual del 1%.
Entre las primeras entidades en las que los sindicatos han reclamado la póliza de responsabilidad jurídica y civil se encuentra CaixaBank, una de las más adelantadas en el proceso de adaptación a la normativa que se aplicará a partir de enero de 2018, sobre todo en lo relativo a la formación que deberá tener toda la plantilla.
Los sindicatos, además de este tipo de cobertura ante eventuales demandas, reivindica algunas modificaciones en la guía práctica que acaba de publicar la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la nueva normativa. En concreto, piden que toda la responsabilidad recaiga en la alta dirección de las entidades; que la formación se materialice dentro de la jornada laboral y que se pongan todos los recursos para garantizar el correcto aprendizaje; y que representantes de los trabajadores participen en la comisión de cumplimiento normativo, que validará los cursos y la certificación de los títulos.
A finales de la semana pasada, el presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, apremió al Gobierno a realizar "cuanto antes" la transposición de la directiva europea de Mifid II. Este directivo declaró que espera que el calendario para la implementación "se acelere" al considerar que existe una demora en el proceso de su transposición.
Martínez-Aldama indicó que su aprobación en las Cámaras "no debería ser ningún problema" para los partidos, ya que aporta "transparencia" en las reglas sobre la autorización y los requisitos para proveedores de servicios financieros.
