Las cúpulas de BBVA y Sabadell han empujado la pelota de la opa al tejado del Gobierno para que la decante antes, incluso, de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya resuelto su dictamen. El presidente de Sabadell, Josep Oliu, alentaba este jueves su intervención para proteger el "bien común" con motivo de la reciente junta de accionistas y días atrás era su homólogo en BBVA, Carlos Torres, el que dirigía un mensaje al Ejecutivo en la dirección contraria, al pedir que se deje actuar a los dueños de las entidades: "Los accionistas son quienes deben decidir sobre los procesos de consolidación en marcha en Europa", reclamó en alusión a las diferentes transacciones bancarias hoy activas en Europa, incluida su ofensiva hostil sobre Banco Sabadell.
La operación continúa sobre la mesa de la CNMC, pero el vallesano da por descontado que fijará condiciones asumibles a BBVA, mientras que éste último lleva tiempo trasladando su convicción de que la opa tendrá luz verde gracias al catálogo de "inéditos" compromisos que le ha presentado. El organismo habría obviado la solicitud del catalán de que exija vender negocios para restablecer la competencia y habría seguido los mismos criterios que utilizó para examinar la fusión entre CaixaBank y Bankia, con el análisis por códigos postales para detectar las zonas tensionadas.
El procedimiento fija pautas claras sobre la intervención de las autoridades y la ventanilla del Gobierno se abriría después de que la dirección de Competencia de la CNMC elabore una propuesta de informe y la eleve al consejo de la institución, que debe respaldarla.
La aprobación con compromisos -o condiciones, si finalmente las incluyese- no será, en cualquier caso, firme hasta que pase por el Ministerio de Economía. El gabinete de Carlos Cuerpo dispondrá de 15 días laborables cuando reciba la resolución de la CNMC para autorizarla vía silencio administrativo o darle traslado al Consejo de Ministros que, en 30 días hábiles, podrá ajustar la decisión de Competencia.
Aquí, las versiones difieren sobre su capacidad de actuación: en círculos cercanos a BBVA interpretan que el espíritu de la normativa prevé el paso por Moncloa para, en su caso, aliviar los requisitos fijados por CNMC, como ocurrió en 2012 cuando el Consejo de Ministros modificó algunas condiciones para facilitar la fusión de Antena 3 y La Sexta. La cúpula del vallesano ve, en cambio, argumentos para que el Gobierno intervenga por el potencial daño de una desaparición del Sabadell en las pymes, que conforman el grueso del tejido productivo nacional.
El artículo 60 de la Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia establece que cualquier medida que se apruebe en el Consejo de Ministros "deberá estar debidamente motivada en razones de interés general distintas de la defensa de la competencia" y que antes de fijarlas "se podrá solicitar informe a la CNMC". Y el consejero delegado de Sabadell, César González-Bueno, aseguró esta semana que la operación "pone en peligro el bienestar de España porque afecta al 70% de su tejido industrial y productivo, que son las pymes", porque perjudicará su acceso al crédito. La dificultad técnica sería argumentar qué se entiende o cómo se objetiva ese "interés general" reglado en la normativa.
BBVA ha prometido 5.000 millones extra de crédito con la configuración del nuevo grupo, además de mantener las redes de sucursales especiales para empresas o garantizar la financiación, en cuantía y precios, durante un periodo tasado, buscando calmar los temores de las compañías. Sin embargo, numerosas asociaciones empresariales llevan meses movilizándose en contra de la desaparición del Sabadell.
Más de 30.000 pymes catalanas destaparon este viernes que han unido fuerzas y buscan cohesionar a un mayor número de asociaciones de todos los territorios en torno a un manifiesto que expresa su temor por una pérdida del crédito, pide a las autoridades involucradas en la aprobación de la opa que "velen" por el mantenimiento de su adecuada financiación y apela al accionista de Sabadell a actuar "con visión empresarial" cuando decidan si aceptan o no la oferta de BBVA.
Otros, como Foment del Treball, la Cámara de Barcelona, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Cámara de Comercio de Sabadell o UGT han acudido a los tribunales para que la CNMC, que rechazó la personación en el procedimiento de 79 interesados, les escuche y puedan participar en un test de mercado donde opinen sobre los compromisos presentados por BBVA.