El Gobierno da marcha atrás con Muface y cede ante la presión de aseguradoras, sindicatos y los propios funcionarios realizando una nueva oferta con la que prevén dar continuidad al modelo. El Ministerio de Función Pública, con Óscar López a la cabeza, deja en papel mojado el anterior contrato, que implementaba un incremento de primas del 17,12% (hasta ahora el más grande de la historia) y aumenta el presupuesto un 33,5% para los próximos tres años, tras quedar desierto el anterior.
De esta manera, Moncloa destinará 4.478 millones de euros al sistema mutualista, siendo un incremento progresivo de un 19,37% en el primer año, con un coste de 1.303 millones, un 7,25% más en 2026, con una dotación de 1.490 millones, y 1.685 millones de euros en 2027, un 4,32% más. Esto supone 957 millones más que el concierto vigente.
Asimismo, la prima media por funcionario, que actualmente estaba en 1.032,12 euros, crecerá hasta 2027 a 1.262,28 euros, cifra que, según un estudio de la Fundación Idis, aún está lejos del gasto per cápita en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de 1.736 euros en 2023.
López trata de corregir así el actual contrato, que contemplaba un presupuesto de más de 3.500 millones de euros para 2022, 2023 y 2024 y que ha resultado ser muy deficitario para las aseguradoras, que afirman que a final de este año registrarán pérdidas por valor de 429 millones de euros.
Esta es la razón principal por la que las compañías rechazaron la anterior licitación, que se dio el pasado mes de octubre, que notificaba un incremento en las primas del 17,12% en dos años. El concierto quedó desierto al ser insuficiente para las aseguradoras, y desde entonces el Ministerio de Función Pública se puso a trabajar en una nueva propuesta, aunque antes lanzó una consulta pública para conocer la visión de las compañías y saber más en detalle los costes del servicio.
Dicha consulta sorprendió a propios y extraños ya que la Administración requirió información de cara a tres años, no a dos como la anterior licitación. Esa fue la primera señal de que el Gobierno buscaba que este concierto se fuera hasta 2027, año en el que previsiblemente finalizará la legislatura.
El Ejecutivo, en caso de aceptación por parte de las aseguradoras de este nuevo contrato, apartaría una nueva negociación por Muface y garantizaría el servicio sanitario a los 1,5 millones de funcionarios hasta unas nuevas elecciones.
Lo que reclaman las aseguradoras
El pasado 4 de diciembre, las compañías remitieron a Muface sus números y necesidades para renovar el convenio. DKV fue la más clara y la única que pidió un 40% de incremento de prima a dos años. Asisa no desveló sus números exactos, pero sí que aseguró que su propuesta iba dirigida a dejar de perder dinero prestando el servicio, incluso sin beneficio económico extra. Por su parte, Adeslas no envió nada a Muface, al menos con los formalismos necesarios para ser recogida en los pliegos del proceso contractual.
Ante la nueva licitación presentada esta mañana, ninguna compañía quiere desvelar su posicionamiento al respecto. En lo que coinciden DKV, Asisa y Adeslas es que ninguna hará comentarios hasta que los pliegos se hagan públicos, suceso que previsiblemente será el próximo viernes. Solo Asisa afirma "valorar positivamente" el esfuerzo de la Administración, aunque declaran que "habrá que esperar a hacer las nuevas cuentas". No obstante, fuentes de las compañías que hasta ahora forman parte del concierto expresan su sorpresa con el cambio de condiciones a tres años.
Ante la diferencia de cuantías entre lo enviado por alguna aseguradora y la propuesta inicial del Gobierno (más las presiones de Sanidad para enviar a los funcionarios a la red pública), los funcionarios volvieron a la calle a exigir al Gobierno un esfuerzo económico más fuerte para preservar el modelo. Una de esas manifestaciones fue convocada por CSIF el pasado sábado, que ahora "se felicita" por la nueva licitación, aunque pide "prudencia a a la espera de conocer el posicionamiento de las aseguradoras que actualmente prestan sus servicios en el concierto".
77,7 millones para los funcionarios en el extranjero
El otro concierto que también se agota a finales de año es el del sistema sanitario de los funcionarios que trabajan en el exterior. El Gobierno también desveló que la oferta por este contrato, que hasta ahora gestiona DKV, es de 77,7 millones, por lo que constituye un incremento del presupuesto del 56,84%, sin detallar las primas medias de esta licitación.
Esto se produce en un contexto en el que Muface se reunió, el pasado 4 de diciembre, con el jefe regional de salud internacional para el Sur de Europa de Allianz, además de un representante de la agencia de seguros Proasersa, distribuidora de Mapfre y MetLife. En dicha reunión se aclararon algunos aspectos de la consulta pública y se resolvieron dudas sobre los pliegos, debido al desconocimiento de la aseguradora alemana, que nunca ha participado en un contrato similar.
Este aumento de presupuesto se produce tras desvelar Muface en un informe que la reclamación más importante de las aseguradoras fue adecuar las primas al coste real de la prestación de servicios sanitarios en función del país de residencia, apreciación que la mutualidad valoró de forma "favorable".
