Cuando la banca pensaba que sus cuentas se aligerarían de cargas por el fin de las millonarias aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y el Fondo Único de Resolución (FUR), la ampliación temporal del impuesto al sector financiero que nació como extraordinario se come una parte relevante del ahorro previsto. Las cifras de uno y otro se compensan y suponen un ahorro de unos 450 millones para las seis grandes entidades del Ibex35 –Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja–. Esta cifra impulsa, junto con el alza de los tipos de interés y la contenida morosidad, el despegue de unas cuentas que llevarán al pago de mayores cuantías del impuestazo el próximo ejercicio.
Así, tal y como se ve en el gráfico adjunto, estas seis entidades aportaron en 2022 –último año en el que tuvieron que hacer frente a estas cuantías– 1.933 millones de euros tanto al FGD como al FUR. El primero de ellos es el mecanismo nacional que cubre los primeros 100.000 euros de cada depositante en caso de resolución de una entidad. Durante años, los bancos nacionales hicieron aportaciones anuales para llenar esta hucha hasta cubrir las cuantías establecidas del 0,8% de los depósitos. Pero haber alcanzado este objetivo no implica que las aportaciones hayan llegado a su fin de forma tajante, pues la regulación recoge que el porcentaje de cobertura puede ser elevado hasta el 1%.
Por su parte, el segundo de los fondos que recibieron aportaciones por parte de los bancos fue el FUR, la hucha de emergencia europea que puede utilizarse en tiempos de crisis y cuyo objetivo es evitar que los bancos quiebren una vez agotadas las demás opciones de ayuda de último recurso.
En el lado del impuesto, durante este año –se calcula sobre las cuentas de 2023 y el importe se paga en dos partes, pero se carga íntegramente al primer trimestre de 2024– las seis grandes entidades hicieron frente a 1.481 millones de euros. Esta cifra es mayor que la pagada en 2023 como consecuencia del auge en los beneficios del sector, pero también será presumiblemente mayor el próximo año, cuando se pagará sobre unas cifras anuales que aspiran a marcar un nuevo récord. En este caso, se establece un tope del 1% sobre los depósitos garantizados, cifra que se alcanzó en 2023, pero si se produce un aumento en el ahorro bajo protección, podrían requerirse nuevas aportaciones a futuro.
De esta forma, el gap de 450 millones que ahora existe entre los ahorros en las aportaciones a estas huchas y el impuestazo pagado por las entidades se cerrará levemente el próximo ejercicio si no se modifican los porcentajes del FGD y el FUR.
BBVA, la que más 'ahorra'
La entidad que más ahorraría en términos absolutos con este neteo de las aportaciones frente al impuestazo es BBVA, con una diferencia de 145 millones de euros. En concreto, en 2022 el banco que encabeza Carlos Torres hizo una aportación conjunta a estas dos huchas de 430 millones de euros. Por su parte, en el primer trimestre de este año cargó a sus cuentas 285 millones de euros por el impuestazo que se refiere a 2023.
Justo por detrás se coloca Banco Santander que se ahorra 132 millones de euros al totalizar aportaciones de 467 millones en 2022 a estos mecanismos y pagar 493 millones este año como consecuencia del impuestazo.
El poco probable FGD europeo
Más allá de los esquemas de protección de depositantes a nivel nacional, una de las grandes tareas pendientes en Europa es la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos a nivel europeo, que cubra por igual –pese a que son varios los países que tienen huchas similares– a todos los depositantes de la zona Euro.
La presidenta de la patronal bancaria, Alejandra Kindelán, señalaba hace unos días que hablar del FGD único es "tabú", y admitía que si quiere avanzar en la Unión Bancaria es "necesario reabrir algunas de estas conversaciones".
Según Kindelán, este fondo único supondría el "fin" de la fragmentación del sistema bancario en toda la Unión Europea puesto que garantizaría un nivel uniforme de protección de los depositantes, independientemente de donde se ubique la entidad; se rompería el nexo "banco-soberano"; y se garantizaría que las valoraciones y los costes de financiación de los bancos estén determinados por su perfil de riesgo, su rentabilidad y su solvencia, y no por su nacionalidad como ocurre en la actualidad.