El Gobierno colará en una ley en tramitación la permanencia del impuestazo a energéticas y bancos. El Ejecutivo busca introducir "en alguna Ley que esté en tramitación en estos momentos", según indicó este mismo miércoles la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, este cambio en el gravamen que incluirá también determinados incentivos relacionados con la reinversión en transición verde.
En un principio, estaba previsto que la permanencia del impuesto extraordinario se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024, pero al decaer este proyecto con la convocatoria de las elecciones catalanas debían buscarle un nuevo encaje. Inicialmente, este impuesto tenía un carácter temporal para dos años, el 2023 y el 2024.
Ahora, el Ejecutivo busca el encaje para esta modificación. "Los ministerios de Hacienda, de Industria y nosotros estamos viendo cómo encajar este incentivo a la inversión", dijo Ribera en Los Desayunos Informativos de Europa Press. La vicepresidenta tercera destacó que la propuesta política es hacer evolucionar este gravamen "hacia un sistema que permita incentivar la inversión". "Es decir, si se produce esa inversión, pues no tiene sentido mantener esa prestación patrimonial", dijo.
En el lado de las entidades financieras, el impuesto se calcula sobre los intereses y comisiones generados en España por su actividad bancaria en aquellas entidades que facturasen más de 800 millones en 2019, concepto que se grava con un 4,8%. El tributo energético grava a su vez el 1,2% de la cifra de negocio de las compañías del sector que facturasen más de 1.000 millones en 2019, excluyendo para el cómputo los ingresos derivados de las actividades reguladas.
Así, durante 2023 y con cargo al año anterior, los bancos y las energéticas españolas pagaron 2.908 millones a Hacienda por este gravamen. En este 2024, los beneficios récord de la banca hacen prever que esta cifra se incrementará.