En la banca española no hay muchos precedentes de una opa hostil, salvo la que vivió Banco Bilbao en 1987 con Banesto. La inmensa mayoría de operaciones se han resuelto con una negociación pactada entre las cúpulas de las entidades involucradas o por intervención del Banco de España cuando la integración era la solución para una entidad inviable como ocurrió durante la crisis financiera.
La decisión de BBVA de seguir adelante y formular su oferta directamente al accionariado de Sabadell tras el rechazo frontal de su consejo de administración por considerar que infravalora el potencial del banco catalán, abre un escenario poco transitado.
De hecho, en el mercado se daba pocas probabilidades a este paso por los precedentes en el sector bancario nacional, aunque sí se esperaba un movimiento de BBVA mejorando su propuesta, sin que esto último haya ocurrido.
La falta de núcleo accionarial en Sabadell dificulta en extremo frenar una oferta así desde el capital, al que precisamente dirige su oferta BBVA aprovechando la alta atomización de su accionariado, con un buen número de inversores institucionales que tendrían posiciones en ambos bancos.
Aunque las operaciones corporativas corresponde decidirlas a sus gestores y propietarios, en una fusión puede ser relevante también la clave política. El grupo vasco incluyó en su oferta un guiño a Cataluña con la promesa de mantener allí una de las sedes operativas, pero su interés ha recibido algunas reacciones contrarias.
La consejera de Economía del Ejecutivo catalán, Natàlia Mas, consideró una "buena noticia para Cataluña" que Sabadell rechazase la oferta con la defensa de que la región precisaba más entidades, no reducirlos.
Desde el empresariado, la patronal Foment también se alienó con la cúpula del banco, ante la preocupación del tejido productivo a que se redujese el número de proveedores y la oferta bancaria. La Comunidad Valenciana y el alcalde de Alicante también mostraron preocupación por la potencial desaparición de la sede del banco catalán en Alicante.
Sin embargo, desde el Gobierno central el pronunciamiento ha sido mixto. Una operación hostil puede alentar esa polarización de intereses entre diferentes shareholders y si se frustrase dejaría una situación incómoda entre entidades que deben entenderse para defender intereses comunes como la defensa del impuesto que el Gobierno quiere prorrogar.
