El Gobierno pedirá a BlackRock que cumpla con el procedimiento de autorización de inversiones extranjeras en España. Para ello, el fondo que dirige Larry Fink tendrá que especificar los objetivos económicos de su inversión en un plazo de tres años, sus planes para el equipo directivo y consejeros de la compañía o las perspectivas de empleo tanto en España como en el extranjero.
El Gobierno exigirá detalles concretos sobre la operación como el importe de la inversión, porcentaje del capital y fecha de la formalización, que en gran parte ya son conocidos al tratarse de una operación que supone un cambio de control pero no un movimiento propiamente dicho de estos títulos.
La operación requerirá cumplimentar un formulario en inglés que será remitido al resto de países miembros de la Unión Europea que, llegado el caso, podrían pronunciarse sobre la misma. Naturgy tiene presencia en varios países europeos (Francia, Irlanda, Portugal) y en Reino Unido.
El cuestionario exige también que BlackRock aclare si ha sido objeto de sanciones administrativas o judiciales en materias que afecten a la seguridad, salud u orden público, así como si está sujeto a sanciones internacionales.
La entidad deberá determinar sus participaciones en proyectos relacionados con las infraestructuras críticas en cualquiera de sus vertientes jurídicas tanto como concesionario, contratista principal o subcontratista en España, tanto en solitario como en unión temporal de empresas.
Y, por último, BlackRock deberá especificar los proyectos en los que Naturgy esté participando en áreas como tecnologías críticas y de doble uso, tecnologías clave para el liderazgo y la capacitación industrial, y desarrolladas al amparo de programas y proyectos de particular interés para España, incluidas las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la robótica, los semiconductores, la ciberseguridad, las tecnologías aeroespaciales, de defensa, de almacenamiento de energía, cuántica y nuclear, las nanotecnologías, las biotecnologías, los materiales avanzados y los sistemas de fabricación avanzados.
La presencia del fondo que dirige Larry Fink en el accionariado de otras empresas energéticas españolas como Repsol, Iberdrola, Redeia o ahora Recurrent Energy convierte en necesaria esta revisión por si pudiera darse algún tipo de colusión por competencia.
El fondo habitualmente no tiene presencia en los consejos de administración de las compañías, pero en el caso de Naturgy se espera que se produzca un cambio fruto de la reorganización de la propia institución inversora. GIP se mantendrá como una rama de negocio en BlackRock con entidad propia.
Pese a que el cambio es apenas formal, el movimiento puede servir al Gobierno para reforzar los requisitos de supervisión que ya tenía sobre IFM y podría repetir las condiciones impuestas al inversor australiano.
Las condiciones impuestas se centran en mantener la sede en España, en garantizar que no se producen grandes desinversiones ni fuertes repartos de dividendos que pongan en riesgo la solvencia de los negocios regulados de la empresa y el mantenimiento del empleo.
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