BlackRock, uno de los grandes accionistas de Repsol e Iberdrola, acaba de lanzar una operación que le convertirá en el segundo mayor accionista de Naturgy. La gestora liderada por Larry Fink ha presentado una oferta para hacerse con el control de la gestora Global Infraestructure Partners (GIP) y se unirá así al grupo de inversores de la compañía que encabeza Francisco Reynés: Criteria, IFM y CVC.
La llegada de BlackRock -siempre que sea autorizada por las autoridades regulatorias- no debería suponer grandes cambios en la empresa española. GIP tendrá que mantener los compromisos de inversión alcanzados con sus partícipes así como los plazos de devolución de sus fondos, lo que supone que Fink tendrá que decidir si lleva la participación en Naturgy a otro fondo o decide venderla antes del 2027 para cumplir con el calendario previsto por el fondo.
Por el momento, Naturgy sigue adelante con sus planes de dividir la compañía en dos en la llamada Operación Géminis, que hasta la fecha no ha logrado conseguir el respaldo del Gobierno. El papel que puede jugar en este caso BlackRock sí que gana relevancia, ya que las decisiones empresariales sí que podrían variar.
Habitualmente, BlackRock no cuenta con representación en los consejos de administración de las compañías, pero en este caso parece improbable que GIP vaya a abandonar los consejos de las empresas en las que participa, ya que para un fondo de capital privado es clave tener acceso a la información sobre la evolución de las compañías en todo momento.
BlackRock mantiene ya una alianza con Naturgy en el capital del gasoducto entre España y Argelia, Medgaz. El Ministerio de Transición Ecológica dejó en manos de Sonatrach (51%), Naturgy y BlackRock (49%) el control de la principal vía de entrada de gas natural a España hasta el año 2031, lo que hace prevér que la llegada de este nueva gestores sea bien recibida por parte de las auotoridades españolas.
Medgaz remite al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, con anterioridad al 1 de abril de cada año, un informe anual con el detalle de las capacidades contratadas, utilización de la capacidad durante el año natural inmediatamente anterior, empresas que han accedido a las instalaciones con las cantidades transportadas por cada una de ellas, precios de acceso, cuentas anuales así como cualquier otra información que los citados organismos soliciten.