Hasta cinco grupos políticos parlamentarios han presentado enmiendas al Anteproyecto de Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero en contra de cobrar una tasa de 250 euros a las entidades financieras cada vez que un usuario presente una reclamación y resulte admitida a trámite, con independencia de quien tenga la razón.
PP, Ciudadanos, PDeCat, EAJ-PNV y Junts solicitan reducir dicha cuantía a más de la mitad o un tercio y abogan, en su mayoría, porque sea retornada a la entidad si la resolución final del organismo les da la razón.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, ya abrió la puerta a "abordar" la tasa durante su tramitación en la Cámara Baja cuando Vox y ERC presentaron sendas enmiendas a la totalidad al texto normativo (ERC retiró la suya durante ese debate).
La tasa se ha diseñado con la doble tarea de financiar el nuevo organismo y disuadir a las entidades de seguir malas prácticas, pero su diseño la ha convertido es uno de los puntos más controvertidos de la normativa.
Ha sido cuestionada en bloque por las entidades de todos los sectores (banca, aseguradoras, firmas de inversión, etc.) e, incluso, por el Banco de España, alertando sobre el riesgo a que introduzca el perverso incentivo de que las entidades den la razón al cliente si la cuantía en disputa resulta inferior y se aliente así, incluso, una mayor litigiosidad.
En sus enmiendas al articulado, el PP aboga por fijar la tasa en 100 euros por reclamación y devolverla si la entidad lleva razón. "El cobro de una tasa solo por el hecho de que la reclamación ha sido admitida puede resultar abusivo, por lo que proponemos que si la reclamación es resuelta en favor de la entidad se reintegre la misma", indica su texto.
Ciudadanos y Junts buscan bajar la cuantía a 50 euros. Ciudadanos pide que la autoridad devuelva el importe que exceda el importe en disputa y se reintegre todo si el fallo es favorable a la entidad, mientras que Junts reclama que sea cobrada por reclamación admitida y gestione su cobro la propia autoridad o la Junta Arbitral de Consumo de Catalunya.
PDeCat mantiene los 250 euros, pero solicita que solo se cobre 50 euros por adelantado al admitir el expediente y solo se ingrese la tasa íntegra si la autoridad apoya las pretensiones del cliente (en caso contrario pide la devolución al banco).
Devolver el dinero a la entidad
EAJ-PNV califica de "excesivo" el coste de 250 euros y cree que no está justificado cuando "muchas reclamaciones se referirán a cuestiones sobre las que ya existe un criterio establecido".
Propone un sistema alternativo basado en los gastos efectivos en los que incurra la Autoridad, donde cada año se fije una tarifa en función de ese presupuesto, a pagar exclusivamente cuando el fallo asista al cliente demandante y ligado a las quejas que reciban las entidades.
En apoyo de la propuesta alega que un 50% de las reclamaciones del Banco de España y Seguros se resuelven a favor de la entidad y avisa de que numerosas quejas son por cifras pequeñas como pueden ser los 15 euros en disputa por comisiones de mantenimiento de una cuenta.
