El sector bancario se mueve para cambiar el sistema de financiación de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero. Las patronales financieras ya han empezado a mover ficha entre los grupos políticos en el Congreso de los Diputados de cara al plazo de presentación de enmiendas parciales en el que confían para modificar lo que consideran los aspectos más lesivos de esta nueva norma. Y es que, según confirman a elEconomista.es fuentes del sector, la fórmula "perversa" con la que el proyecto de Ley por el que se crea esta autoridad estipula su sostenibilidad económica es uno de los aspectos más lesivos. En concreto, se trata de una tasa de 250 euros que la Autoridad cobrará a las entidades por cada reclamación que se admita a trámite.
"La configuración de la tasa genera problemas. La financiación de la Autoridad depende del número de reclamaciones que se acepte y eso llevará a aceptar cuantas más mejor", señalan fuentes financieras a este medio. De esta forma, y como ya han explicado en público varios representantes del sector en las últimas semanas, "causaría una falta de proporcionalidad al sistema", en palabras del propio Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España.
Este modelo ya funciona en otros países como es el caso de Reino Unido en el que "si bien las entidades pagan 750 libras por caso, se estima un coste real para el FOS de 960 libras por caso", según recoge la enmienda a la totalidad presentada por Vox que se debatirá y votará este mismo jueves en el Congreso. En este sentido, el mismo texto señala que la estructura de este organismo británico se ha "incrementado sustancialmente" al calor del volumen de reclamaciones que se han presentado en el último año.
"No tiene ningún sentido" y puede llevar incluso a un "efecto perverso añadido provocada por la "industria del pleito contra la banca", apuntó Javier Rodríguez Pellitero, secretario general de la AEB durante su comparecencia en el Congreso hace unos días.
"En otros países también se pone una tasa al cliente y se devuelve en función de cómo termina la reclamación", admiten fuentes financieras, que cuestionan este punto como uno de los más lesivos de la norma.
El objetivo de la imposición de esta tasa era, originalmente, que las entidades abogasen por resolver las reclamaciones de manera amistosa con cada cliente sin necesidad de acudir a la Autoridad. "Hay despachos de abogados que se dedican de forma muy agresiva a ir en contra del sector bancario", recuerdan, y señalan que su puesta en marcha podría llevar a resolver las reclamaciones de menos de 250 euros a favor del cliente para evitar llegar a pagar la tasa.
Enmiendas a la totalidad
El proyecto de ley por el que se crea la Autoridad afronta esta semana su primer examen en el Congreso con el debate y votación de las enmiendas de totalidad registradas por Esquerra Republicana (ERC) y Vox, que piden su devolución al Ejecutivo. Fuentes del sector financiero y del ámbito político descartan que cualquiera de las dos propuestas salga adelante y miran a las enmiendas parciales que se tramitarán en las próximas semanas para modificar el texto propuesto por el Gobierno.