El Gobierno explora con la banca una colaboración en la gestión y canalización de una parte de los 84.000 millones de euros en forma de préstamos que llegarán a España con cargo a los Next Generation UE. Su participación se ha circunscrito, según los primeros contactos, exclusivamente a la financiación de proyectos ligados a la sostenibilidad entre los recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según explican a elEconomista.es fuentes al corriente de las conversaciones. El Ejecutivo busca que las entidades jueguen un rol clave en la instrumentación y gestión de los mecanismos financieros que vehicularán dichos fondos hacia los proyectos al tratarse de préstamos que el país deberá devolver.
La invitación la cursó el Gobierno a través del Tesoro a las tres patronales del sector (AEB, CECA y Unacc), a las que ha pedido también ayuda para tratar de dimensionar el flujo potencial de créditos hacia esas futuras operaciones ligadas al ámbito de la transformación ecológica. Y para aterrizar los proyectos y calibrar con una mejor aproximación los potenciales recursos necesarios se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico un listado de potenciales programas financiables.
"Si se aterriza es más fácil ir a los clientes con ofertas más concretas y testar la demanda", explican en el sector financiero poniendo, a título de mero ejemplo ilustrativo y sin que tengan que ser necesariamente estos proyectos los escogidos, las iniciativas contenidas en el plan de recuperación para renovar las flotas de vehículos por utilitarios con etiqueta ecológica o aquellas otras para favorecer la instalación de paneles solares que ayuden a reducir el consumo energético a la vez que lo hacen más sostenible.
Como Bruselas exige a los países que certifiquen en todas las operaciones que el dinero va a los fines perseguidos (transición ecológica, transformación digital, cohesión territorial, etc), desde el sector se ha lanzado la sugerencia de involucrar a algún otro operador especialista que certifique la naturaleza sostenible de los proyectos que puedan acabar financiados, aunque las fuentes consultadas matizan que es una propuesta sin decidir aún.
En las primeras conversaciones, que tanto desde la banca como desde el Gobierno recalcan que son muy preliminares, se han barajado diferentes instrumentos financieros potenciales para vehicular los préstamos. Entre otras fórmulas, sopesan desplegar una línea de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o reeditar esquemas similares a los avales del organismo que tan bien han funcionado para evitar asfixias de liquidez a autónomos y empresas durante la crisis provocada por la pandemia.
Kit Digital y avales Covid
Precisamente el éxito de este programa de avales, que ha movilizado 140.000 millones de euros hacia el tejido productivo, y la óptima ejecución del programa Kit Digital para digitalizar los negocios, que también ha contado con la contribución de la banca, serían dos precedentes que alentarían también buscar la colaboración del sector. La razón principal es, en cualquier caso, la necesidad de gestionar la canalización de los recursos con instrumentos financieros para asegurar su repago y el retorno a Europa, ya que, al ser préstamos, la no devolución entraña un riesgo a largo plazo para las finanzas públicas.
Aunque las conversaciones se encuentran en un estado muy preliminar, la propuesta del Gobierno implica una inflexión sobre la gestión de la primera tanda de recursos que llegó desde Europa y que podría alcanzar los 77.000 millones de euros en forma de subvenciones no reintegrables. La banca se ofreció, sin éxito, desde el inicio a colaborar y vehicular también dichos recursos y sugirió, incluso, diseñar mecanismos parecidos a las ayudas de la PAC que reciben agricultores y ganaderos de forma adelantada desde las entidades financieras.
Desde que Europa aprobó en 2020 el programa NextGenerationEU para ayudar a los países frente a la inédita crisis del coronavirus, la banca había reivindicado su experiencia en el análisis de solvencia de proyectos, la capacidad para anticipar los recursos e, incluso, para acompañar con financiación adicional a sus promotores si era necesario, subrayando como ventaja extra la posibilidad de llegar a casi cualquier rincón del país gracias a su capilaridad.
La ventana parece abrirse ahora, cuando algunos departamentos ligados a ministerios han empezado a recurrir a también consultoras externas para ayudarles en la tramitación de este maná europeo. Es el caso del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que, desbordado por la fuerte carga de trabajo sobrevenida, ha previsto una licitación entre las big four (EY, Deloitte, KPMG y PwC) para acelerar la velocidad en las gestiones y cumplir con los plazos de Bruselas en esta tarea.
Planes para los préstamos
El caudal de fondos europeos se ha incrementado sobre los 140.000 millones iniciales por una evolución peor de la proyectada en el PIB. A España le corresponderán, así 77.234 millones en ayudas directas no reembolsables, 7.700 millones adicionales al cálculo inicial; más los hasta 84.000 millones de euros que se pueden solicitar en créditos retornables –calculado sobre un 6,8% de la renta nacional bruta en 2019–. Para que España pueda acceder a la cuantía extra de transferencias y a la línea de préstamos tiene que redactar un nuevo documento con las reformas e inversiones a las que se destinarán dichos fondos extra.
Su contenido irá en una adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado en julio de 2021, con prolijo detalle de los proyectos y reformas a emprender, y en línea con sus objetivos estratégicos. La intención del Gobierno es definir este nuevo documento en lo que resta de mes de diciembre para su ulterior presentación a la Comisión Europea. Al Ejecutivo comunitario le corresponde evaluar la propuesta como hizo con el Plan de Transformación y posteriormente tendrá que ser ratificada por el Consejo Europeo.
